Chunta Aragonesista (CHA) ha mostrado su adhesión a la petición formulada por la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 9/2014, General de telecomunicaciones porque afecta a derechos fundamentales. 

  Esta Ley ha entrado en vigor el pasado 11 de mayo de 2014, y "expropia nuestra salud, nuestros tejados y azoteas e impide y suprime competencias a nuestros Ayuntamientos y Comunidades Autónomas", ha sintetizado CHA. 

  De este modo, CHA se ha unido a esta campaña estatal contra la contaminación electromagnética con la que se busca la protección de la salud de las personas frente a los intereses de las grandes empresas de telecomunicaciones y que se respete el derecho de las personas a decidir sobre cuestiones que les afectan. 

  El miembro de CHA, Chuaquín Bernal, ha presentado este escrito de adhesión "porque esta Ley está hecha a medida para facilitar a las grandes empresas la instalación de antenas de telefonía aunque sea a costa de la salud de las personas". 

  Además, ha estimado que las administraciones más cercanas a la ciudadanía, ayuntamientos y Comunidades autónomas, "quedan sin competencias para decidir sobre la instalación de las antenas".