Cristina Jiménez Lacarra se ha convertido en la investigadora de su propia vida para llegar, como otros niños robados, a su madre biológica. Pero de momento es solo un deseo porque ni su denuncia ante la Policía Nacional en Zaragoza ni las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción 3 han dado fruto, como ocurre en otros seis procesos investigados en la capital aragonesa. El caso de Cristina Jiménez está sobreseído provisionalmente porque el Ministerio Fiscal no creyó que había datos de sustitución de menores y, «considerando que, de haberse producido, los hechos habrían prescrito». 

Ante esta posición, la chica se convierte en policía y juez porque ha interrogado a la monja sor Lucía Merino, que dirige el colegio de Montpellier en Madrid y fue la superiora de la clínica del mismo nombre en Zaragoza. «Estuve con ella, junto a otra persona como testigo, y me dijo que no se aplicaba la ley de adopción y lo decidían de forma verbal, pero nada escrito. Las madres biológicas no asumían la adopción ni la renuncia», explica Cristina Jiménez. «Pero cuando la interrogó la Policía, no declaró nada», agregó. Cristina Jiménez nació el 18 de marzo de 1985 en la clínica Montpellier sobre las 22.00 y al día siguiente fue entregada a unos padres adoptivos en la asociación Maci Albaida. Hace cuatro años y medio se enteró de su condición de adoptada, no por sus padres, sino por consultar el Registro Civil de Tudela, donde reside, y recibir su partida literal de nacimiento. «Hija de padres desconocidos» 

Aunque dos años antes de su nacimiento, el Gobierno aprobó una ley para suprimir el tráfico de niños, acabar con la cesión irregular de niños recién nacidos y suprimir la adopción privada, el nombre completo de su madre no aparece en ningún lado. Debía incluir la renuncia de la madre. 

La escritura notarial de la adopción plena por el matrimonio que la compró precisa que ella fue «abandonada por sus padres» biológicos y su nacimiento fue inscrito en el Registro Civil como «hija de padres desconocidos». Cristina Jiménez se puso en contacto con los Servicios Sociales del Gobierno de Aragón para buscar sus orígenes con el acta de nacimiento, pero no le facilitaron nada. Fue inscrita por sus padres adoptivos siete días después de su nacimiento, el 25 de marzo, y no aparece la madre biológica. María Basilisca sin apellido

A través de la juez Carmen Canfranc logró la escritura notarial, en la que no aparecían los padres biológicos porque era hija de desaparecidos. Asimismo, la instructora consiguió que la Clínica Montpellier facilitara el listado de los nacimientos de esos seis días de 1985. En los 16 partos que se registraron en ese periodo, las madres de dos de ellos solo aparecen con su nombre de pila, pero no el apellido: el 17 de marzo nació una chica hija de María Nieves; y el 18 de marzo, Cristina, cuya supuesta madre biológica se llamaba María Basilisca, aunque no consta por escrito el apellido de ninguna de las dos. «He llamado a todas las Basiliscas que hay en Aragón, que son 17 y ninguna coincidía», apunta. 

Cristina pesó 3,300 kilos, nació en la habitación 122 y el alumbramiento se produjo a las 21.00 (frente a las 22.00 que se registró). Aparecen los nombres del cirujano y el anestesista que intervinieron en el nacimiento. Esa documentación aportada por los actuales propietarios de la Clínica Montpellier, que en principio alegaron la ley de protección de datos y se ciñeron al registro manual escrito de los nacimientos del 17 al 20 de marzo de 1985. 

«A mis padres adoptivos les avisaron a las 22.30 del día del nacimiento para que fueran a buscarme a la asociación Maci Albaida a las 24 horas. Tenían un croquis para saber llegar allí desde Tudela», relata Cristina Jiménez, cuyos padres adoptivos no le querían contar nada porque su hermano, que también es hijo adoptado, lo pasó muy mal cuando se enteró. Gastos de 150.000 pesetas

Pero conforme la investigación de la chica alumbraba más datos, los padres lo asumían y le han explicado hasta el precio que pagaron por ella a mediados de los años 80. Cuando acudió a buscarla en marzo de 1985 no le informaron del coste de la chica, pero a finales de junio le llamaron para advertirle que tenía que abonar 150.000 pesetas (901,52 euros) por los gastos del quirófano (aunque en realidad figuraba como «un donativo») y lo pagó en tres plazos. «Todo se lo he contado a la Policía y al Juzgado, pero se archivó», apuntó. 

Aportó el nombre de una intermediaria en esta operación que fue Teresa Gandía, una mujer condenada por estafa que falleció en 1991. «Tenía relación con la monja sor Lucía y los médicos hasta que estafó a la clínica al vender un solar», señala la investigadora.