El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes a la nueva Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, la nueva Ley de Caza, y la Ley de Extinción de las Cámaras Agrarias existentes en la Comunidad.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Modesto Lobón, ha comparecido junto al portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, para explicar estos acuerdos tras la reunión del Consejo de Gobierno. Lobón ha indicado que la Ley de Prevención y Protección Ambiental aprobada este martes para su tramitación en las Cortes adecúa la normativa aragonesa al marco legal europeo y estatal con la filosofía de "quitar el exceso de protección" que se reduce en el texto con el fin de mejorar la competitividad de las empresas.

Como consecuencia, en el nuevo texto legal se implantan en Aragón un total de 18 medidas de simplificación administrativa en materia de medio ambiente impulsadas por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y limita el papel de esta entidad "a lo fundamental", según ha insistido Lobón.

La evaluación ambiental de planes y programas, la evaluación ambiental de proyectos, la autorización ambiental integrada o el régimen de inspección, seguimiento y control, así como el régimen sancionador son algunas de las figuras de intervención ambiental que regula esta ley que trata de simplificar las disposiciones normativas.

Como figura novedosa regula por vez primera los bancos de conservación de la naturaleza en Aragón y permite que la administración aragonesa intervenga cuando un proyecto, aunque no supere el ámbito territorial, pueda tener efectos ambientales en otras limítrofes.

En cuanto a la agilización de plazos, desaparecen las consultas previas, que pasan a ser voluntarias, se reduce a tres meses la tramitación de la evaluación de impacto ambiental de un proyecto y pasa de 2 meses a 45 días naturales el proceso de información pública y de consultas en la evaluación de planes.

También la simplificación de trámites impera en la nueva Ley de Caza de Aragón, en la que se trata de mejorar la relación entre cazadores y agricultores en el caso de los daños producidos por especies cinegéticas, mejorar el rendimiento económico de las reservas y reglamentar la práctica de la caza en aspectos que no se encontraban bien definidos desde el punto de vista legal.

Así, esta modificación pretende mejorar las tramitaciones administrativas que deben completar los cazadores, incluida la gestión de los terrenos cinegéticos; facilitar el relevo generacional; resolver el problema que se genera como consecuencia de los accidentes de tráfico producidos por las especies cinegéticas o actualizar el funcionamiento de las reservas de caza que tutela el Gobierno de Aragón.

El consejero de Medio Ambiente ha resaltado la importancia de esta norma porque la caza es uno de los principales recursos económicos del medio rural aragonés, con más de 50.000 cazadores, 1.400 cotos y una extensión de 4,3 hectáreas.

Lobón ha destacado que, a partir de ahora, el Gobierno de Aragón solo será responsable de la caza colectiva, es decir, de los cotos y que la norma posibilita la creación de una licencia de caza interautonómica, válida para cazar tanto en Aragón como en otras Comunidades autónomas.

Finalmente, la Ley de Extinción de las Cámaras Agrarias y de Representatividad Agraria a la que también se ha dado luz verde en Consejo de Gobierno para su tramitación en las Cortes tiene como objetivo principal la desaparición de estos organismos y regula el destino de su personal, su patrimonio y los órganos que asumirán las funciones que hasta ahora desempeñaban.

Lobón ha indicado que el patrimonio pasa a ser propiedad del Gobierno de Aragón si bien el destino de su rendimiento lo decidirá un Comité Institucional, exclusivamente integrado por las organizaciones profesionales agrarias y cuya decisión será vinculante para la administración.

 El personal pasará a integrarse como personal laboral de la administración aragonesa y se establece la convocatoria de elecciones para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en los ámbitos territorial y provincial como máximo un año después de la aprobación de la Ley.

Según ha dicho Lobón, el censo puede alcanzar a las 40.000 personas.