Los partidos de la oposición en las Cortes de Aragón (PSOE, CHA e IU) criticaron ayer la demora del Gobierno aragonés la hora de atender los pagos a sus proveedores y calificaron de «grave» esta situación.

Las opiniones se produjeron después de que se supiera que el Ministerio de Hacienda ha remitido un escrito al Ejecutivo autonómico para pedirle que pague con más celeridad las facturas pendientes. En la comunicación, Hacienda recuerda que Aragón tarda entre 80 y 90 días, un plazo superior a la media autonómica y muy alejado del objetivo que se ha fijado Madrid para atender estos pagos, que rondaría los 60 días.

Fuentes del Ejecutivo aseguraron ayer que, en esta legislatura, se han mejorado los plazos y afirmaron que se está haciendo un esfuerzo importante por continuar mejorándolos. Asimismo, reiteraron el compromiso del Gobierno autonómico por cumplir en tiempo y forma con los pagos a los proveedores de la Comunidad, sobre todo con las pequeñas y medianas empresas. 

En parecidos términos se pronunció el PP. Yolanda Vallés, portavoz adjunta de este partido en las Cortes, recordó que se está haciendo un esfuerzo importante en este campo y que se han mejorado «sustancialmente» los plazos de pago a los proveedores, aunque asumió que deben seguir mejorándose.

Asimismo, se refirió a «las 170.00 facturas que se encontraron en los cajones» a la llegada del PP al Gobierno, que fueron pagadas, en parte, con las líneas que habilitó Madrid para el pago a proveedores.Situación «descontrolada»

Por su parte, la oposición ve preocupante estos retrasos. Javier Sada, portavoz del PSOE en las Cortes, opinó que esto demuestra que «la situación financiera y económica de la Comunidad está descontrolada». Según el parlamentario socialista, contradice el mensaje oficial que apunta a que la situación es buena: «Se ve que esto no es así; ni en el déficit, ni en la deuda, ni en el pago a proveedores». 

Para José Luis Soro, portavoz de CHA, la llamada de atención del Ministerio de Hacienda al Ejecutivo autonómico demuestra dos cosas: «El mal funcionamiento del Gobierno aragonés y que se está financiando a costa de los empresarios y los proveedores, algo que nos parece muy serio y muy grave». En opinión de Soro, lo que precisan las pymes de la Comunidad es apoyo, no que se las utilice para financiar al Gobierno.

Por su parte, Patricia Luquin, portavoz de IU, apuntó que esta situación, unida a otras circunstancias, demuestra «falta de impulso, pone en evidencia los déficits de la consejería de Hacienda, que es el talón de Aquiles de este Gobierno, cuando debería ser su columna vertebral». Para Luquin, todo ello se enmarca en el «fracaso de las políticas del Ejecutivo» y demuestra «la falta de liquidez del Gobierno». 

También desde el PAR se pidió que se cumplan los plazos de pago. El diputado aragonesista Antonio Ruspira apuntó que el Gobierno de Aragón «ha de esforzarse por reducirlos para dar ejemplo y cumplir escrupulosamente con sus obligaciones, ya que los retrasos afectan mucho, especialmente a los autónomos y a las pymes aragonesas». Ruspira mostró su confianza en que «la rapidez con que Aragón ha cubierto las necesidades de deuda, junto con el necesario control del déficit, permitan acelerar los pagos». También reflexionó que «los problemas estructurales continuarán mientras no se mejore el sistema de financiación autonómica. Esperemos –dijo– que el Gobierno central sea tan diligente atendiendo los derechos de Aragón, incluido el acuerdo bilateral económico-financiero, como lo es recordándonos nuestros deberes».