Calvera niega opacidad en su gestión y responsabilidades en la crisis de la CAI

Luis Calvera, director general de Caja Inmaculada entre 2001 y 2005, se quedó ayer solo en la defensa transparente y no opaca de su gestión al frente de la caja de ahorros aragonesa.

El exdirectivo, que acudió acompañado por su abogado a la cuarta sesión de la comisión de investigación de la CAI que se sigue en las Cortes de Aragón, no solo rechazó de plano las opiniones vertidas en días anteriores por otros intervinientes (que le han culpado a él y al también exdirector Tomás García Montes de la debacle de la caja, por sus actuaciones y decisiones en la participada CAI Inmuebles), sino que negó tajantemente ser corresponsable del hundimiento de la entidad. "A mi jubilación –en septiembre de 2005–, la CAI estaba muy bien y no tenía riesgos. Hasta 2004 no hubo mala gestión, los datos lo avalan", dijo, echando mano de cifras económico-financieras de esa época e informes de auditorías.

Incluso, Calvera aseguró que en ese año 2005, en la caja saltaron las alarmas y se empezó a pensar que se estaba creando una burbuja inmobiliaria. Se refirió a una

reunión de directivos en la que se decidió que los préstamos a CAI Inmuebles y sus participadas no podían superar el 10% del volumen crediticio que la caja destinaba, en conjunto, al sector inmobiliario. Posteriormente, explicó Calvera, en junio, él y un grupo de ejecutivos de la CAI elaboraron un informe que fue dado a conocer al consejo de administración y poco después, se expuso ante otro grupo más numeroso, en el que además de responsables de la entidad hubo promotores y clientes de la entidad que operaban en ese sector. Según el exdirector, en dicho informe se alertó del cambio de ciclo, se pidió que se meditara sobre la crisis inmobiliaria que se avecinaba para prepararse ante ella y se pidió un cambio de rumbo. Antonio Hernández Borja y Juan Antonio García Toledo, los dos directores adjuntos de la caja que intervinieron ante la comisión de investigación después de Calvera, aseguraron no recordar ni los mencionados informes ni las reuniones.

Rechaza "exceso de autoridad"

Calvera negó, por último, haber abusado de su autoridad y gestionar de manera opaca la entidad y sus empresas participadas. Aseguró que él fue un "ejecutor" de los acuerdos que se adoptaron en el comité ejecutivo y en los distintos consejos de administración y que informó puntualmente y con profusión de las inversiones y de la actividad inmobiliaria de la caja tanto a los miembros de estos órganos de dirección como a los de la comisión de control. Calvera remitió reiteradamente a las actas de los consejos para comprobar sus palabras: "No tienen excusa –dijo- Tuvieron toda la información. Y si no era suficiente, ¿por qué no lo dijeron entonces, por qué han esperado diez o doce años para quejarse?". "Engañar no se engañó a nadie –insistió Calvera–. Los miembros del consejo de administración y del comité de inversiones no eran ignorantes. Había gente muy preparada".

Antes de Calvera intervino Juan José Grávalos, director general de CAI entre 1985 y 2001, que lamentó "el rápido y triste final" de la CAI. En su opinión, no hubo malas prácticas sino "un desenfoque en la gestión (de la entidad), una equivocación en el modo de hacerlo". "No hubo mala gestión –opinó–, hubo despiste".

Posteriormente comparecieron Hernández Borja y García Toledo. Ambos exdirectores adjuntos se mostraron de acuerdo en que las causas de la inviabilidad de la caja fue la excesiva concentración de riesgo inmobiliario que asumió la CAI. "Esto, unido a la tremenda y larga crisis nos cogió con el pie cambiado", reconoció Antonio Hernández quien, sin embargo, rechazó que hubiera habido "malas prácticas" en la gestión de la entidad, ni falta de información a los órganos de dirección. "Fue la excesiva concentración de riesgo crediticio –insistió–. Pero en aquel momento era fácil; se ganaba mucho dinero".

El exdirector adjunto sí reconoció que la responsabilidad total de las decisiones que se tomaban en la sociedad CAI Inmuebles la tenían los directores generales: esta empresa fue competencia exclusiva de Calvera, primero, y García Montes, después. Ellos llevaban la gestión personalmente, dijo. Hernández, que calificó de "autoritario" el estilo directivo de ambos directores generales, reconoció que en la CAI estos cargos siempre han gozado de mucho poder, "para bien o para mal".

Por último, dijo sentirse corresponsable "en cierta medida" de lo ocurrido en la CAI. "Aunque no tenía relación con el área de riesgo, yo estaba allí y me siento responsable y apenado por lo ocurrido, sobre todo por la plantilla, que es la que más ha sufrido esta situación".

José Antonio García Toledo, por su parte, no aceptó responsabilidades en lo ocurrido en la CAI, ya que él –dijo– no tuvo información directa, "solo datos sueltos" con los que no fue capaz de hacerse "una fotografía de la situación". Sí reconoció que el grado de información que se suministraba a los consejos no era "muy elevado" y aseguró que tuvo el mismo conocimiento de los informes del Banco de España y de la inspección que el consejo de administración. Afirmó tajante que como director adjunto, y siendo director general Tomas García Montes, no hablaba con él sobre la política de inversiones de la caja y afirmó que fueron los directores generales quienes decidieron aumentar el riesgo en el sector inmobiliario. El exdirector general adjunto no se explayó al responder a preguntas sobre la moción de confianza que acabó con la salida de Alcázar Crevillén de la presidencia de la caja –operación en la que negó haber tenido ningún protagonismo– y sobre la demanda interpuesta contra García Montes –dijo desconocer los motivos por los que fue presentada–.