Los listados de los niños beneficiados con una beca de comedor durante este verano que se publicaron ayer todavía desvelaban una sorpresa más. Si ya fueron pocas las solicitudes iniciales –353–, cien de ellas han sido rechazadas por la administración por no cumplir los requisitos exigidos. Así, apenas 200 pequeños disfrutan de momento de la prestación. La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón (Fapar) volvió a mostró ayer su malestar por esta selección, así como por los criterios y la gestión del Gobierno de Aragón en esta cuestión.

Las listas fueron colgadas en las oficinas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de las tres provincias. Los padres tendrán ahora tres días para presentar alegaciones. Según aseguraron fuentes de la DGA, la mayoría de las cien solicitudes rechazadas eran familias que han solicitado una beca de comedor en los colegios de las capitales de provincia, pero viven en el medio rural. A estos últimos se les ofrece una aportación de 180 euros por hijo becado, que deberá destinarse íntegramente a la compra de productos alimenticios de primera necesidad, cuantía que se incrementará en 120 euros por hermano becado hasta un máximo de 600 euros.

No obstante, las mismas fuentes oficiales reconocieron que algunas de las solicitudes rechazadas también eran de niños que no habían obtenido beca de comedor durante el curso escolar, requisito imprescindible para acceder a estas ayudas de verano.

La primera en reaccionar sobre este cribado fue Fapar, cuya portavoz Nieves Burón, recriminó al Gobierno de Aragón que rechace a cien de las familias que habían pedido una ayuda para dar de comer a sus hijos. "No creemos que nadie pida una beca de comedor por vicio", aseguró.

Ante el escaso número de peticiones (solo 353 cuando se ofertaron unos 3.000 puestos), el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia ha decidido ampliar el plazo de inscripción hasta el 4 de julio (tanto para las becas de capital de provincia como para las rurales). En ese sentido, el consejero de este departamento, Ricardo Oliván, pidió ayer a las asociaciones de padres y entidades que trabajan con familias necesitadas que ayuden a difundir las becas de comedor de verano.

Oliván subrayó la voluntad del Ejecutivo de que "ningún niño que lo necesite se quede sin beca de comedor por cuestiones de plazo" y reconoció: "El esfuerzo que se ha hecho por difundir el tema ha sido máximo, pero viendo los datos pensamos que puede haber más niños en esa situación y por cuestiones de plazo no se pueden dejar de otorgar estas ayudas".

El consejero admitió que algunas solicitudes no han sido admitidas "por que no tenían la beca previa", condición para poder recibirla en verano, y otras por que, "quizá por confusión, han solicitado la ayuda para un comedor en Zaragoza, cuando están domiciliados en medio rural", manifestó, que recordó que hay tres días para que las familias aleguen.

Sobre la previsión de que el servicio de comedor lo ofrezcan siete colegios, Oliván explicó que se sabrá cuántos son necesarios "cuando tengamos todos los datos".

Respecto a las críticas vertidas por Fapar por los criterios utilizados para otorgar estas ayudas, el máximo responsable de Sanidad y Bienestar Social afirmó que respeta todas las opiniones, aunque les pidió que "una parte del tiempo lo dediquen a difundir esta medida".

El consejero también se refirió a los 720.000 euros que ha previsto el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para Aragón para financiar los comedores escolares de verano. "Esta cantidad está confirmada, pero no aprobada en Consejo de Ministros. Si no se gasta en los comedores, se dirigirá a otras cuestiones de lucha contra la pobreza infantil", apostilló.

Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó ayer una moción de IU, con el voto a favor de PSOE y CHA y en contra del PP, en la que se insta a la DGA a modificar las condiciones requeridas para el acceso a las becas de comedor. Asimismo, piden que en esa misma línea se desarrolle el acceso al material escolar el próximo curso y que el Ejecutivo garantice el transporte escolar público y gratuito en los mismos términos que hasta el curso 2012-2013.