Todas aquellas entidades privadas que reciban de las administraciones aragonesas más de 50.000 euros al año en subvenciones quedarán sometidas a la Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana de la Comunidad, que el próximo martes aprobará definitivamente el Consejo de Gobierno tras las aportaciones realizadas durante el proceso de exposición pública y participación.

Esta es la principal modificación, a efectos prácticos, de las que se han introducido en el texto legislativo, cuyo anteproyecto recibió el visto bueno del Ejecutivo el pasado 18 de marzo. Según el borrador, quedaban sometidas a la ley los entes de titularidad privada que perciban de las arcas públicas más de 100.000 euros en un mismo ejercicio. Pero fuentes del Gobierno aragonés explicaron que varias de las más de 450 aportaciones realizadas durante el proceso participativo coincidían en considerar que ese umbral fijado en un principio "era muy alto", por lo que finalmente se ha decidido rebajar a la mitad (50.000 euros) la cantidad máxima de dinero procedente de las administraciones que se puede percibir sin dar cuentas de su actividad.

Ello supone que todas aquellas entidades privadas que superen ese tope deberán mantener actualizada y difundir, una vez que entre en vigor la ley, la información sobre su actividad, estructura, funciones, retribuciones anuales de los altos cargos y máximos responsables, convenios colectivos, procesos selectivos...

Asimismo, quedarán sometidas a las mismas obligaciones las entidades en las que el 40% de sus ingresos provenga de ayudas públicas, siempre que estas superen los 25.000 euros. En este caso, no ha habido cambios tras el periodo de exposición pública.Un consejo más técnico

Otro de los puntos que sí se ha modificado es la composición del Consejo de Transparencia, que será el encargado de velar por el cumplimiento de la ley.

Inicialmente, se estableció que estaría formado por dos diputados de las Cortes, un representante del Justicia de Aragón, un miembro del Consejo Consultivo, un representante de las entidades locales y otros dos del Gobierno de Aragón, todos sin dedicación exclusiva.

Pero finalmente el Consejo de Gobierno dará luz verde a un texto que deja fuera la obligatoriedad de nombrar a dos diputados. En su lugar, la Cámara tendrá que acordar la designación de dos miembros, con el objetivo, explicaron desde el Pignatelli, de "abrir a los expertos en la materia" este órgano y "despolitizarlo". Pero tampoco se excluye expresamente la presencia de parlamentarios.

Este no es el único cambio que afecta a la configuración del Consejo de Transparencia, puesto que como novedad también se ha optado por incorporar un integrante que represente a la Cámara de Cuentas, que en la versión inicial de la ley no tenía presencia. Con estos dos cambios, se pretende dar un perfil más técnico al organismo responsable del control de la aplicación de la norma.

En total, durante el periodo de exposición pública y participación ciudadana se registraron más de 450 aportaciones y sugerencias para mejorar el texto. Entre ellas figuran las presentadas por instituciones y entidades directamente afectadas por la ley y que fueron invitados a participar en el proceso, como el Justicia, la Universidad de Zaragoza, ayuntamientos y comarcas, sindicatos, la CREA (Confederación de Empresarios de Aragón), el Consejo Económico y Social, la Federación Aragonesa de Solidaridad, colegios profesionales, etc. Además, alrededor de un centenar de ciudadanos han colaborado con sus propuestas.

Tras estudiar todas ellas, se han modificado unos 50 artículos, si bien en la mayoría de los casos los cambios se han limitado a cuestiones formales de redacción para aclarar el contenido, así como mejoras técnicas propias.

Por otra parte, en lo referente a la participación ciudadana, se han añadido nuevos artículos para incluir programas de formación con el fin de fomentar la participación ciudadana divulgando estas herramientas y la aplicación de las nuevas tecnologías a estos objetivos. Asimismo, se han recogido nuevas medidas de fomento de la participación, de modo que además de las entidades locales (ayuntamientos y comarcas), podrán acceder a las ayudas para fomentar estos procesos las entidades ciudadanas.

Por último, aquellos particulares que soliciten datos a los entes sometidos a la ley por teléfono o en ventanilla, recibirán un acuse de recibo de su petición, algo que no estaba contemplado inicialmente.

Una vez aprobado en el Consejo de Gobierno, la ley se enviará a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Previsiblemente no se debatirá hasta septiembre.