Ingresos sin consentimiento, inexistencia de un régimen interior, necesidad de reformas en el edificio... Estas son algunas de las 27 observaciones que realizó el Defensor del Pueblo tras visitar, en abril de 2013, el centro asistencial El Pinar (Teruel), dependiente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Desde la DGA indican que las deficiencias ya han sido arregladas o están en vías de hacerlo y los trabajadores explican que el funcionamiento del centro se ajusta a la legalidad vigente y es muy bueno. 

La inspección, enmarcada en las laborales de vigilancia que lleva a cabo el llamado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se realizó sin previo aviso durante los días 8 y 9 de abril de 2013. Participaron dos técnicos del Defensor del Pueblo y una médica y un psiquiatra ajenos a la institución.

Quizás una de las deficiencias más graves es que los técnicos observaron que, en algunos internamientos de personas que no disponían de capacidad para dar su libre consentimiento al mismo, el IASS no requería una autorización judicial expresa.

"En dichos casos debería instarse por parte de los familiares o tutores la autorización judicial para internamiento no voluntario del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, paralelamente, exigirse esta autorización como requisito para su ingreso", dice el informe de la institución presidida por Soledad Becerril. Acto seguido se indica que, tras dar parte de la situación al departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, este comenzó a estudiar las medidas a tomar para solucionar el problema y contactó con la Fiscalía para coordinar las actuaciones.

Sobre este particular, Alicia Hernández, responsable del sector autonómico UGT-Aragón, señala que este asunto es "muy complicado" judicialmente hablando y que en El Pinar "no se obliga a nadie a ingresar" porque es un centro asistencial y no un centro psiquiátrico. "Todos los internamientos se realizan con consentimiento de la persona que va a ser internada, si es que tiene conocimiento, o de su tutor legal si no lo tiene", afirma.

El informe también instó a la dirección del centro a elaborar un reglamento de régimen interno, ya que en abril de 2013 no había ninguno vigente, y establecer un libro de visitas. Igualmente se observó la necesidad de que las salas de contención (las que se utilizan para aislar a los pacientes que sufren algún tipo de crisis) tuvieran un circuito de videovigilancia. 

La DGA recogió el guante y desde entonces trabaja en la instalación de las cámaras, algo que, según señalaron fuentes de Sanidad, no es fácil porque se necesitan los permisos legales adecuados (ya que hay datos personales de por medio) y las autorizaciones de los familiares. Además, la instalación de las cámaras debe sacarse a concurso público. En 2008, una interna del centro murió tras estrangularse accidentalmente mientras estaba inmovilizada en un sillón. 

Además, se formularon recomendaciones sobre la instalación de una suerte de salón social para que pudieran convivir personas de diferentes unidades y sobre la posibilidad de admitir a nuevos residentes menos deteriorados. Ambas se rechazaron. La primera porque la DGA explicó que la cafetería del centro se utilizaba para este tipo de actividades y la segunda porque no se consideró adecuado al ser los internos "grandes dependientes". 

 Los puntos fuertes de El Pinar

Los técnicos que evaluaron la actividad diaria en El Pinar destacaron que en la instalación del IASS se fomenta el autocuidado y la autonomía de los internos y tanto el orden como la higiene son buenos. 

Así lo destacan los propios trabajadores, que señalan que el centro cumple con la legalidad vigente y ponen en valor la gran calidad del servicio público asistencial que prestan. 

Se valoró de forma positiva que existieran actividades en horarios de mañana y tarde y que algunas de ellas fueron de carácter grupal, ya que ayudaban a crear "un clima positivo entre compañeros de residencia". 

En El Pinar hay "un alto nivel" de atención asistencial y cuidado físico de los internos y unos estándares que respetan su dignidad, según el informe del Defensor. Además, a través de un programa informático, la consulta de datos personales de las personas ingresadas queda restringida en función del perfil profesional.