Un informe judicial revela que Agapito hinchó en 14,2 millones otros dos encargos de Plaza

Certificaciones del contratista y del promotor que ni siquiera coinciden, mediciones que multiplican por 57 lo realmente realizado, trabajos cobrados sin que se hayan acometido, materiales de peor calidad de los proyectados y múltiples defectos de obra que nadie ha reclamado. Esta es la retahíla de irregularidades que provocó que dos edificios encargados por Plaza al dueño de Codesport y del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, costaran 14,2 millones de euros de más. El desfase se pone en evidencia en el informe redactado por el arquitecto José Joaquín Gómez Pitarch, designado como perito por el titular del Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza que investiga el sobrecoste en ambos edificios cuya devolución exige Plaza.

El documento revela que ambas construcciones, un edificio de oficinas que sigue vacío y un centro de FP de próxima inauguración, costaron realmente 12,9 millones, aunque Plaza pagó por ellos 27,1 (IVA excluido). Es decir, el desfase superó el 110% pese a que las condiciones del contrato establecían que Agapito Iglesias debía cobrar el coste de construcción más un 19% de gastos generales y beneficio industrial, porcentaje incluido en la tasación.

Las "numerosas irregularidades" puestas de manifiesto a lo largo de 351 folios se suman a las que figuran en otro informe judicial, el de la promoción de naves encargada a Codesport y cuyo desfase alcanzó los 16,7 millones. Este segundo caso se está investigando por la vía penal y hay cuatro imputados, Agapito Iglesias, Carlos Esco (exviceconsejero de Obras Públicas), Ricardo García Becerril ( exgerente de Plaza) y Miguel Ángel Pérez (exdirector técnico de Plaza).

El informe pericial de los dos edificios, al que ha tenido acceso este diario, coincide con la reclamación de la sociedad pública a Zaragoza Plaza Center, la firma del grupo Codesport que los construyó, a la que hace dos años se acordó exigirle la devolución de 14,5 millones. La demanda civil es una derivada de la primera causa penal contra el exgerente de Plaza, al que acusó de facilitar "información falsa" al consejo de administración sobre los términos de la operación inmobiliaria y que condicionó su decisión sobre la compra. Sin embargo, la Audiencia ratificó el archivo provisional al entender que no había indicios de criminalidad.Falta de colaboración

Las conclusiones del perito son contundentes y se basan en el análisis de la documentación aportada, en el cotejo de las facturas de los gremios e industriales que intervinieron en la obra, además de la revisión de los proyectos y de "diversas visitas" a los edificios. En los antecedentes, recuerda que el juicio estaba previsto celebrarse en abril de 2013 y se tuvo que suspender porque no se aportaba los documentos requeridos. De hecho, incide en que no se ha logrado toda la información.

José Joaquín Gómez Pitarch destaca la existencia de modificaciones de obra no aparecen en las certificaciones, incrementos "excesivos" de precios y "mayores mediciones" respecto a las facturas y, directamente, "partidas que no han sido realizadas, según la propias facturas presentadas pro las empresas subcontratadas". Además, incluye un reportaje fotográfico que constatan múltiples defectos de obra.

La primera irregularidad se registra en la imputación de los gastos generales de la urbanización a los edificios, que se levantaron en el área de servicios que desarrolló Codesport en Plaza. En ambos están inflados, aunque aún es más evidente en el centro de FP: el 85% del coste de la urbanización corresponde a un macrosótano con garajes que no le da servicio.

Para colmo, no existe ni un documento que justifique que hubo una dirección técnica que avale dicha urbanización. Un arquitecto asumió la dirección con el 95% de la obra ya ejecutada y "a los pocos días" renunció, según destaca el perito. "No se ha ejecutado la galería de servicios prevista y la calzada es de asfalto cuando debería ser de hormigón fracasado. La urbanización está sin terminar y carece de mobiliario", añade.

En el caso del centro de FP, que costó 2,7 millones y por el que se pagaron 6,4, no consta el contrato de construcción ni "ningún presupuesto" al respecto. Hasta tres certificaciones están sin firmar y "no recogen la realidad de la obra". Así, destaca que hay un desvío de más del 80% en el movimiento de tierras "sin justificación técnica".

En este sentido, Plaza aportó otro informe pericial al juez que acredita con sondeos que la excavación cobrada se limitó a un metro relleno artificial, por el que se pagó 1,5 millones cuando el trabajo está valorado en 22.543 euros.

El mayor desfase corresponde al edificio de oficinas, cuya construcción se cifra en 10,19 millones y por el que se cobraron 20,7. El perito subraya que no coincide ni la certificación final que tiene Plaza con la de Zaragoza Plaza Center. Así, los precios y mediciones están hinchadas en los subcapítulos de fachadas y revestimientos de suelos, alguno de los cuales no aparece siquiera en la certificación entregada por Agapito Iglesias al juzgado. "Pese a las diferencias encontradas en las distintas partidas, el coste de la obra resulta ser el mismo", destaca.