La Policía sostiene que la trama de facturas falsas de Plaza supera los 5,3 millones

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)de la Policía asegura que la trama de facturas falsas detectada en la urbanización de Plaza supera ya los 5,3 millones de euros. En su último y extenso informe sobre la investigación de las obras de la plataforma logística, los agentes concluyen de forma categórica que la UTE Acciona-MLN certificó decenas y decenas de recibos irregulares de 27 proveedores y subcontratistas entre los años 2003 y 2007.

La UDEF sostiene semejante afirmación en el hecho de que ninguna de las 145 facturas bajo sospecha llevaran la preceptiva firma de alguno de los jefes de producción, con la que debían dar fe de que los trabajos estaban realmente ejecutados, y en las declaraciones de imputados y testigos. Entre ellos, dos directivos y un encargado de Acciona-MLN, quienes subrayaron que hay proveedores y recibos que ni conocían pese a ser de su directa responsabilidad. Sus afirmaciones se unen a las de tres empresarios, que con antelación ya dejaron en evidencia que se emitieron facturas falsas a la UTE por trabajos inexistentes: los dos socios de Construcciones Hernández Langa (ambos imputados) y la decoradora Ana Colás (testigo).

El informe policial, fechado el pasado miércoles, se apoya en la quiebra del propio sistema de facturación y comprobación de los trabajos de los proveedores y subcontratistas, que certifica tras revisar toda la documentación requisada a la UTE en agosto de 2013, la requerida a Acciona en abril de 2014 y la aportada por los dos denunciantes del caso, el gerente de Plaza, Jesús Andreu, y el trabajador de Acciona Chabier Mayayo.

Como adelantó ayer este diario, las facturas debían llevar las firmas de los cuatro máximos responsables, pero en todas ellas faltaba la del jefe de producción. El primero en estampar la firma debía ser uno de los nuevos imputados en el caso Plaza, el jefe de administración de la UTE y cargo de Acciona, José Luis Rodríguez Cachafeiro, que delegó en ocasiones en un administrativo. El siguiente en el «cajetín de firmas» de cada factura tenía que ser un jefe de producción, tras comprobar que se había realizado el trabajo, y posteriormente debía validarlo el jefe de obras y el gerente de Acciona-MLN.

El ingeniero de MLNAlejandro Viñuales fue muy claro en sus dos comparecencias como testigo ante la UDEF, a la que confesó que desde que asumió el cargo de jefe de obras en 2006 tuvo que firmar directamente las facturas que le ponía encima de la mesa el citado Rodríguez Cachafeiro: «Me comunicó que las tenía que firmar sin comprobar el trabajo, ya que es algo que está así establecido, porque ya se hacía antes con el anterior jefe de obra, y que no hiciera preguntas», aseguró antes de incidir en que «nunca» cobró «un plus de dinero» por ello.

Reconoció que como jefe de obras dio su visto bueno a facturas de hasta seis subcontratistas «sin comprobar los trabajos» porque se lo había «ordenado» tanto el jefe de administración, José Luis Rodríguez Cachafeiro, y el entonces gerente de la UTE, José María Jordán. Ambos están imputados.

Además, en el informe policial se destaca expresamente que Viñuales «no había visto nunca» tres facturas concretas que le enseñaron los policías de dos empresas del grupo Margalejo (cuyos dos hermanos propietarios están imputados) pese a que eran de su directa responsabilidad en su etapa como jefe de producción. A este respecto, manifestó que deberían llevar su firma como prueba de que los trabajos estaban ejecutados y que no tenía conocimiento de por qué no figuraba.

En la misma línea se pronunció otro de los jefes de producción de la UTE, José Carballo, que ejerció entre 2003 y 2009 en varias de las obras de Plaza que están bajo sospecha. Este cargo de Acciona también declaró ante la Policía que no deberían constar facturas sin la firma de un jefe de producción, pero que desconocía esta posibilidad.

Después de que le enseñaran recibos del parque lineal de la plataforma, uno de los tajos en los que estuvo como responsable de producción, aseguró que dos de los contratistas, Colás Diseño y Jardines Rey Fernando, no los conocía «de nada y que bajo su competencia no han realizado ningún trabajo, desconociendo por qué están sin firmar si en su caso se hubiera realizado». En otro caso, sí conocía a la empresa, M. Estage S. L., pero no pudo explicar por qué tampoco estaba su rúbrica en el recibo.

El encargado del almacén de obra de la UTE, Antonio Pintor, también afirmó que una de las empresas implicadas en la trama de facturas falsas, Lexton, «nunca ha llevado material a la obra» y que no tenía conocimiento de la existencia de otro almacén externo al que tenía la UTE. Su declaración, en calidad de testigo, contrasta con el hecho de que dicha empresa llegara a facturar 1,5 millones de euros entre los años 2003 y 2007 por labores de almacenaje, transporte y suministro de material de obra.