Los empleados del hogar (la mayoría mujeres que trabajan limpiando en viviendas, cuidando a niños, ancianos, dependientes, etcétera) cotizan desde el 1 de enero de 2012 en el régimen general de la Seguridad Social (antes lo hacían en uno especial para su gremio profesional, en el que apenas disponían de derechos laborales y sociales). Y lo cierto es que esta medida estatal, pensada entre otras cosas para que afloraran empleos que se encontraban dentro la economía sumergida, ha causado que, solo en Aragón, se hayan dado de alta 5.231 trabajadores, según los datos de afiliación del año 2013 de la Seguridad Social.

Así, si en 2011 había 6.764 personas cotizando en la Comunidad por trabajar como empleados del hogar (5.194 con contratos continuos y 1.570 como discontinuos); en 2013, un año después de que se hiciera efectiva la medida, había 11.995 trabajadores. Es decir, casi el doble. En todo el Estado, se pasó de 296.292 empleados en 2011 a 422.967 el año pasado.

Sin embargo, cuando el Gobierno central impulsó esta medida previó que aflorarían unos 10.000 empleos en este sector –algo que no se ha cumplido–, por lo que todo apunta a que aún quedarían otras 5.000 personas más en Aragón que se dedican a estas labores pero que no están dadas de alta en la Seguridad Social y cobran en negro. El Estado considera que este es uno de los nichos del mercado de trabajo español donde más economía sumergida hay.

Según apunta Pura Huerta, secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón, el número de afiliados se estancó pocos meses después de que se produjera el cambio en la cotización. Por ello –dice–, cabría pensar que la crisis ha afectado menos a este sector, algo que –apunta– podría deberse, entre otros factores, a los recortes en la Ley de Dependencia. "Las cifras se mantienen muy estables y estamos hablando siempre de entre 11.900 y 12.300 afiliados", añade.

En lo que se refiere a la economía sumergida, el problema –añade esta misma responsable de UGT– es que este sector es "muy difícil de controlar":"No tendría sentido, o sería muy complicado, hacer inspecciones de trabajo en viviendas", señala.

La modificación efectuada en 2012 fue muy bien recibida por los profesionales y los sindicatos, ya que obligaba al empleador a dar de alta al trabajador aunque solo estuviera una hora en la vivienda.

Según Huerta, la nueva ley y el pasar a cotizar en el régimen general –aunque con ciertas particularidades, al estar incluidos en un subgrupo dentro de este sistema de la Seguridad Social, que tiene menos derechos laborales que un asalariado normal–, fue un "importante paso adelante" y dotó a las trabajadoras de "unos derechos laborales y sociales mayores, aunque sigan siendo menores que los de cualquier otra ocupación".

Entre ellos, cabe mencionar mejoras en la cobertura por incapacidad común y accidentes laborales y no laborales. Sin embargo, el Gobierno central modificó la ley en 2013 y, aunque siguen cotizando en el régimen general, permitió que los empleadores estuvieran exentos de dar de alta a las trabajadoras siempre y cuando no estuvieran en sus viviendas más de 60 horas mensuales. En este caso deben ser las propias trabajadoras las que se encarguen de las cotizaciones (a no ser que se lleguen a un acuerdo con el empleador, y lo haga él mismo).

"El principal problema es que, cuando se aprobó la primera modificación en 2012, se fijó un calendario para que estas profesionales fueran mejorando poco a poco sus derechos laborales y sociales, como por ejemplo poder recibir una prestación por desempleo, a la que siguen sin poder optar. La idea era que se equipararan poco a poco con cualquier asalariado. Pero parece que con este cambio de 2013, todo este calendario de mejoras se ha olvidado", argumenta Huerta.

En la web de la Seguridad Social se recoge cómo son las cotizaciones de estas profesionales, que se dividen en ocho escalas según la retribución. Básicamente, se debe abonar un 23,8% de la base de cotización, que se reparte en un 19,85% a cargo del empleador; y un 3,95% por parte de la trabajador del hogar.