Las universidades españolas están de aniversario, pero no tienen nada que celebrar. En estas fechas se cumplen dos años de la aprobación por parte del Gobierno central de las medidas urgentes de racionalización del gasto público en educación que afectaron a las tasas académicas, las becas, los salarios de los profesores o la contratación, entre otras. El balance de estos meses preocupa a la comunidad universitaria hasta el punto de volver a sacarla a la calle. El presidente de los rectores españoles y rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, reunió este miércoles en las escalinatas del Paraninfo a miembros del Consejo de Gobierno, representantes del Consejo Social, la defensora universitaria, decanos y directores de centro e institutos universitarios, directores de departamento, directores de secretariado y representantes del colectivo de estudiantes e investigadores para exigir que terminen las medidas excepcionales que afectan al estudio, la actividad docente y la investigación.

El manifiesto -que leyó el secretario general de la institución académica, Juan Francisco Herrero- tuvo eco en el resto de campus que forman la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) -compuesta por 50 instituciones públicas y 25 privadas-. "Las medidas, según decía el RD 14/2012, eran excepcionales y se justificaron por la coyuntura económica del momento. Ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en España, pedimos la supresión de las que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera, en el marco de los criterios presupuestarios que se fijen", reza el manifiesto.

Los rectores consideran "especialmente dolorosas y difícilmente justificables, por su mínimo impacto económico", las medidas que afectan a los jóvenes. El incremento de los precios públicos de los grados y de los másteres, "afecta a las posibilidades formativas de los jóvenes en un momento especialmente negativo para el empleo", añaden.

Asimismo, recuerdan que el acceso a la profesión académica se encuentra prácticamente cerrado puesto que existe una tasa de reposición que solo permite cubrir un 10% de las plazas permanentes que se han dado de baja. En la Universidad de Zaragoza, esto supone que aunque se hayan jubilado 30 docentes solo se pueden convocar tres plazas. "Ahora mismo tenemos entre 15 y 20 profesores que han acabado su formación posdoctoral y estarían en condiciones de acceder a estas plazas, pero no podrán hacerlo. Hablamos del sector de mayor talento que formará la base del profesorado y de la investigación del futuro", argumentó López.

Los rectores recordaron en su manifiesto que la tijera ha dañado también la investigación, ya que "el menor presupuesto y la secuencia de las convocatorias aplicadas por el Gobierno de España y por algunos gobiernos autonómicos han comportado un elevado recorte efectivo de consecuencias irreparables para muchos grupos de investigación. Este entendimiento de la I+D+i como un gasto y no como una inversión contrasta con la política de los países más avanzados", señalan.

El rector Manuel López recordó que los ajustes aplicados en los últimos meses tendrán consecuencias "graves a nivel estratégico y de profundidad a lo largo de los años". "Queremos que nos presten atención porque la universidad es necesaria para la recuperación y en una economía productiva. Es necesaria para la innovación, para una Europa más productiva con una tecnología de alta especialización", apuntó.

En este sentido, los rectores españoles piden un amplio consenso social y político "que debe empezar forzosamente por la recuperación de la normalidad en su vida académica, docente e investigadora". A juicio de los responsables universitarios, la consecución de estos objetivos implica a todos -agentes sociales, gobierno, comunidades autónomas y campus- y "es necesario conseguirlo en beneficio de la sociedad española".