Cada vez más aragoneses hacen patente su disconformidad con los requerimientos tributarios del Ministerio de Hacienda. Se trata de una tendencia creciente a lo largo de la crisis y que se puede constatar atendiendo al número de reclamaciones iniciadas por los ciudadanos de la Comunidad en los diferentes tribunales económico-administrativos: 2.973 en el año 2008 y 4.469 en 2012 (último ejercicio facilitado desde el Ministerio).

En apenas cuatro años, los procesos iniciados han aumentado en 1.496, lo que en términos porcentuales supone un incremento del 33,47%.

La mayor minuciosidad no es una cualidad única del contribuyente aragonés. En todas las autonomías se han disparado las reclamaciones presentadas tanto en los tribunales locales y regionales como en el central, pasando de 177.833 a 223.417 en apenas cuatro años.

La evolución al alza se fundamenta especialmente en la actividad de los tribunales regionales, donde entran las reclamaciones cuyo importe es inferior a 150.000 euros. 

El grueso de asuntos reclamados en la Comunidad aragonesa se lo llevan cuatro áreas: el impuesto sobre bienes inmuebles (985), el borrador de la declaración de la Renta (855), los actos del procedimiento recaudatorio (653) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (525).

A pesar del fuerte incremento en la entrada de reclamaciones, el número de resoluciones judiciales no sólo no ha crecido, sino que incluso se ha retrotraído ligeramente desde las 3.643 de 2008 (cuando superaron al número de asuntos entrantes) hasta las 3.514 de 2012.

En Aragón, el gran atasco se genera en Zaragoza. Tanto la provincia de Huesca como la de Teruel despacharon en el último ejercicio tantas reclamaciones como las que entraron (581 en la provincia altoaragonesa por 251 en la turolense). Mientras tanto, en la provincia de Zaragoza entraron 3.637 casos y apenas se resolvieron 2.667.

Retrasos en algunos pagos

El propio Ministerio de Hacienda reconoce retrasos a la hora de abonar algunos importes pendientes. El último ejemplo es el del céntimo sanitario (que afecta a los transportistas de todas las comunidades), cuya devolución se confirmó una vez fue derogado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Desde la cartera de Hacienda estiman que las reclamaciones comenzarán a resolverse en el plazo de seis meses.