Cada día que pasa crece el número de organizaciones que muestran su oposición al proyecto de ley de reforma del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) diseñada por el Gobierno de Aragón y que se encuentra en periodo de presentación de enmiendas en las Cortes de Aragón.

Ya son decenas de ellas las que se han adherido al manifiesto difundido por el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón, el Espacio de Promoción y Defensa de los Derechos Sociales, Cáritas Diocesana de Zaragoza y la Plataforma de Profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza.Se trata de un documento que considera «un retroceso de 20 años» la reforma y en el que se pide al Gobierno de Aragón que «reconsidere» su postura y admita las sugerencias que han ido presentando las organizaciones a los grupos parlamentarios para que sean incluidas en sus enmiendas.

La respuesta al llamamiento de estas cuatro entidades no se ha hecho esperar y calculan que, a solo un día del cierre del plazo para la presentación de adhesiones, son decenas si no cientos las que han mostrado su apoyo al documento. Grandes colectivos como la Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión Social (51 organizaciones), la Federación Aragonesa de Solidaridad (50 entidades), la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado (60 colectivos) o el Consejo de Juventud de Zaragoza ya han mostrado su apoyo a la iniciativa.

También se han sumado, según fuentes de los promotores, el sindicato agrario UAGA, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), colectivos vecinales, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, diversos sindicatos, la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) e incluso alguna parroquia. Podría decirse, aseguraron las mismas fuentes, que se han sumado colectivos de todos los ámbitos de la sociedad aragonesa.

Enmiendas parlamentarias

El plazo para la presentación de adhesiones se cumple mañana, pero las entidades promotoras quieren seguir trabajando. De momento, se han ido reuniendo con los grupos parlamentarios para plantearles sus propuestas y que estos las incluyan en sus enmiendas al proyecto de ley.

El plazo para la presentación de alegaciones al proyecto de ley por parte de los partidos concluye el día 24, después de una prórroga, si bien diferentes fuentes parlamentarias señalaron que es muy posible que se pueda pedir un nuevo margen de tiempo dada la importancia del tema.

De momento, los grupos ya han manifestado sus posturas al respecto. Desde el PP, Carmen Susín aseguró que su grupo, en principio, no presentará enmiendas pero que debatirá las que presenten los otros partidos.Susín repitió el mensaje defendido en numerosas ocasiones desde el Gobierno de Aragón: «Es una ley que llega con el objetivo de garantizar el IAI a los que más lo necesitan.Había que cambiarlo porque hay muchas familias que atraviesan serias dificultades económicas».

La portavoz del PSOE en materia de Servicios Sociales, María Victoria Broto, afirmó que su grupo presentará una enmienda a la totalidad y varias parciales por si esta primera no prospera. Estas últimas, señaló, pedirán que se retiren las restricciones referidas a la edad, al empadronamiento o a la disponibilidad presupuestaria, entre otras cosas.

Manuel Blasco (PAR) aseguró que su grupo todavía está estudiando si presenta enmiendas y manifestó que «era necesario actualizar la ley porque las circunstancias son diferentes a las de hace años». Sí que reconoció que hay temas que preocupan al PAR, como el hecho de que puedan quedarse sin prestación personas que la necesitan.

La portavoz en materia de Servicios Sociales de CHA, Carmen Martínez, anunció que su grupo también presentará una enmienda a la totalidad y también parciales. «Nos parece inadmisible que se traspasen todas las líneas rojas», aseguró antes de añadir que «este proyecto de ley es muy restrictivo porque deja a mucha gente fuera».

Igual de crítica de mostró Patricia Luquin, de IU, cuyo grupo también presentará una enmienda a la totalidad. «Lo mejor que puede hacer la DGA es retirar el proyecto de ley porque no cubre las necesidades». Luquin coincidió con los otros grupos en que «se trata de un derecho subjetivo que no puede estar sujeto a la disponibilidad presupuestaria».

Oliván, en sus trece

A pesar de las críticas, el consejero de Sanidad, BienestarSocial y Familia, Ricardo Oliván, insistió la semana pasada en que la nueva ley pretende «homologarnos al resto de comunidades autónomas» y «mejorar los trámites», así como aplicar «el máximo control» en el uso del dinero público.

La piedra está ahora en el tejado de las Cortes. Serán los grupos quienes decidan si el proyecto pasa a ser definitivamente ley tal y como está.