Pinilla pide 300 euros al mes para alimentos, lo mismo que recibe la mujer de Bárcenas

María Victoria Pinilla no tiene abogado pero no se ha quedado de brazos cruzados con las decisiones que el juez de la Operación Molinos ha tomado respecto a ella, en especial la de no liberarle 152.169 euros para poderse costear un letrado de su elección. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia, se lo negó argumentando que su patrimonio fue inmovilizado para poder cubrir las responsabilidades civiles que se deriven de una hipotética condena y le dijo que pidiera un abogado de oficio (al que tampoco puede pagar).

Pinilla, a través del procurador que todavía mantiene, denunció ayer al magistrado ante el Consejo General del Poder Judicial; pidió a la Fiscalía que abra una investigación por si su actuación puede ser constitutiva de delito y solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y al Colegio de Abogados de Zaragoza que inicien las gestiones oportunas para acabar con su situación de «indefensión». Además, presentó un recurso de apelación de su auto ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, a la que pide que lo revoque.

En su ofensiva contra Lajusticia, aprovechó para hacerle también dos peticiones. Una de ellas, que acceda a desbloquearle las cuentas por cuantía de 300 euros mensuales para gastos de alimentación, como ha acordado la Audiencia Nacional con Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP, Luis Bárcenas. La acusada, para reforzar su reclamación, aporta el auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en el que se deniega la solicitud de Rosalía Iglesias de 575 euros para alimentos, 1.000 para gastos mensuales de ella y su hijo, y 400 para que Bárcenas se compre cosas en la cárcel, pero se accede a fijar la cantidad de la que puede disponer en 300 euros mensuales. La decisión de este tribunal se basa en el criterio de inembargabilidad de los alimentos, que la exalcaldesa alega ahora para hacer idéntica demanda.

Además, solicitó al juzgado que declare nulas todas las actuaciones realizadas en el procedimiento desde el pasado 27 de diciembre, cuando ella estaba en coma en la uci del Hospital Clínico, sus letrados renunciaron a su defensa sin su «consentimiento ni conocimiento» y el juez lo aceptó. Pinilla entiende que desde ese día carece de abogado que le asista en este caso –en el que se enfrenta a 37 años de cárcel por 24 delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, fraude en subvenciones, negociaciones prohibidas y contra la hacienda pública– y que está en una «clara situación de indefensión».

En su denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Victoria Pinilla hace constar que el magistrado «ha vulnerado» de manera «manifiesta, expresa y reiterada» su derechos constitucionales. Comunica al órgano de gobierno de los jueces que lleva casi cuatro meses sin abogado defensor y que cuando Alfredo Lajusticia le denegó la petición de acceder a sus fondos bloqueados, le aplicó el artículo 126.1 del Código Penal, siendo que este está previsto «solo para penados». En su escrito, la exalcaldesa explica que aún no ha sido juzgada pero que el magistrado ya le ha condenado, lo que supone una «vulneración del principio de presunción de inocencia» que le asiste. Por ello, pide al consejo que investigue si los hechos que denuncia pueden ser merecedores de una sanción disciplinaria.

Al fiscal jefe del TSJA, José María Rivera, le reclama que abra diligencias para comprobar si la actuación del magistrado puede constituir un delito contra la Administración de Justicia. Por último, solicita al presidente del TSJA, Fernando Zubiri, y al decano del Colegio de Abogados, Antonio Morán, que hagan las «gestiones oportunas» para que su estado de «indefensión» no persista y que no se repita esta situación con otros ciudadanos.