Aragón pretendía situarse "a la vanguardia" en el cumplimiento de las directivas europeas, que obligan a que todas las aguas residuales se depuren en 2015, pero una década después de poner en marcha el Plan Especial de Depuración, difícilmente podrá cumplir esta exigencia. Tras un largo parón de las obras y los proyectos pendientes, el Instituto Aragonés del Agua (IAA) ha conseguido desbloquear la construcción de las plantas pendientes en una treintena de municipios de las tres provincias, que se han visto afectadas por diversas incidencias. El plan ha recibido críticas desde diversos ámbitos –ha sido denunciado ante la Fiscalía– y acumula un gran retraso por el abandono de algunas empresas, que incluso han ido a juicio, los modificados en los proyectos, etc.

Donde ya se han reanudado los trabajos es en Esplús y San Esteban, en La Litera. Llevaban más de tres años paralizadas y son las más retrasadas de las incluidas en la zona 3 de las 13 en que se dividió el territorio aragonés. Según explicó el director del IAA, Alfredo Cajal, finalmente se ha alcanzado un acuerdo con la misma contratista inicial. La obra se adjudicó en 2008 por 72,6 millones a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Drace Medio Ambiente y Marcor Ebro, junto a Dragados. La actuación se inició, pero la empresa la abandonó unilateralmente e incluso presentó un contencioso que fue desestimado. Después se reanudaron las negociaciones con el IAA y, según Cajal, la empresa ha accedido a retomar el proyecto.

No obstante, apuntó que se ha introducido una modificación, puesto que el colector previsto en Almunia de San Juan se ha sustituido por una depuradora, ya que inicialmente se pretendía verter las aguas residuales a la de Monzón, "pero va ya muy justa y en algún momento podría entrar en sobrecarga hidráulica".

En la misma zona 3 están en distinto grado de ejecución las plantas de Castejón de Sos, Arén, Benabarre, Berbegal, Castejón del Puente, El Grado, Salas Bajas compartirá estación con Salas Altas), Peralta de Alcofea, Estadilla, Fonz y Castillonroy, así como los colectores de Albelda y Alcampell, que irán a la depuradora de Tamarite.

Mientras, la zona 10, que abarca el Matarraña, el Bajo Aragón, el Maestrazgo y Bajo Aragón–Caspe, se ha dividido en tres sectores para facilitar y agilizar su ejecución, tal y como anunció hace meses la DGA. En este caso, recordó Alfredo Cajal, la causa del retraso han sido los problemas de financiación de la empresa a la que se adjudicaron las obras, que ni siquiera llegaron a comenzar.

El primero de los sectores comprende varias localidades del Matarraña: Beceite, Cretas, La Fresneda, Valderrobres y Peñarroya de Tastavins. Los trabajos acaban de ser adjudicados de nuevo, con unos 11 millones de inversión, a la UTE integrada por Pasabal-Pavagua, Sav Dam y Aragonesa de Caminos y Canales. Las obras comenzarán de inmediato.

Por lo que respecta a las otras dos áreas de la zona 10, el cambio de ubicación de alguna de las instalaciones obligó a someterlas a evaluación de impacto medioambiental, ya superada, y ahora se ultiman los trámites para sacarlos a licitación en breves fechas. El responsable del Instituto Aragonés del Agua detalló que una de las áreas abarca Aguaviva, Cantavieja, Castellote, Castelserás, La Iglesuela del Cid y Mas de las Matas y Valdealgorfa. Aquí la inversión ronda los diez millones.

Y el tercer lote incluye las instalaciones de Calaceite, Mazaléon, en Teruel, y los municipios zaragozanos de Maella y Nonaspe, que costarán unos 9 millones.

Obras y explotación por 20 años

En todos estos casos, el periodo de ejecución será de 18 meses, y después las empresas asumirán la gestión durante 20 años. Si las obras se retrasan, "el problema lo tienen ellas porque se descuenta la demora del periodo de explotación", aclaró Alfredo Cajal.