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Aragón

Trece municipios aragoneses temen perder sus juzgados por la reforma de Gallardón

El proyecto de Ley apuesta por reagrupar a todos los jueces en las tres capitales de provincia, aunque plantea excepciones para localidades muy alejadas o con escaso transporte público.

Los juzgados de Alcañiz, en la foto, figuran entre los amenazados de cierre por la reforma
Los juzgados de Alcañiz, en la foto, figuran entre los amenazados de cierre por la reforma

Calatayud, Ejea, Tarazona, La Almunia, Caspe, Daroca, Barbastro, Boltaña, Monzón, Jaca, Fraga, Alcañiz y Calamocha podrían ver pronto cómo desaparecen sus juzgados. La mera posibilidad asusta a los vecinos de estos lugares y a los de las localidades adscritas a sus partidos judiciales, ya que les obligaría a estar constantemente en la carretera para solucionar cualquier litigio. Y lo cierto es que sus temores no son infundados, ya que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de abril un anteproyecto de ley que propone reagrupar todas las sedes judiciales en las capitales de provincia. A la reforma que plantea el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, le queda todavía un largo debate parlamentario y son muchos los que confían en que el trámite permita ‘limar’ muchas de sus aristas. Pero la cuenta atrás ha comenzado.

Hace ahora casi un año, fue el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que abrió la caja de los truenos al plantear la reducción a la mitad de los actuales partidos judiciales. La propuesta obtuvo un rechazo prácticamente unánime, incluido el de las Cortes autonómicas y la DGA. El propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) emitió un informe desfavorable en el que ponía de manifiesto que la aplicación de la medida inutilizaría infraestructuras recientes y que han supuesto una importante inversión (como los juzgados de Calatayud, Caspe y Fraga, por ejemplo).

El TSJA decía también que la supresión de la mitad de los juzgado supondría "un alejamiento" entre la Justicia y el ciudadano. "Tendrán que recorrer más distancia para llegar a las sedes judiciales y, por tanto, emplearán mayor tiempo y tendrán un mayor coste y dificultad", advertía. Tamaña contestación aplacó entonces los ánimos del CGPJ, pero Gallardón ha vuelto a darle ahora más vida que nunca al ‘fantasma’.

Según el Ejecutivo de Rajoy, el anteproyecto busca la "agilización definitiva de la Justicia, adaptando las estructuras existentes a la realidad del siglo XXI". Los cambios que plantea son numerosos y de gran calado, entre otros, la creación de los llamados Tribunales Provinciales de Instancia. Estos tribunales aglutinarían a todos los juzgados de una misma provincia bajo la fórmula de unidades judiciales y asumirían también la función juzgadora de las actuales Audiencias Provinciales a través de las secciones de enjuiciamiento.

A priori, muchos jueces valoran positivamente el planteamiento, ya que, entre otras cosas, permitiría redistribuir mejor las cargas de trabajo.Sin embargo, recelan de cómo se llevará la teoría a la práctica y temen que su independencia se pueda ver amenazada. Algo que creen que sucedería si los presidentes de estos nuevos tribunales tienen potestad para designar qué juez se encarga de cada caso.

"Los jueces decanos hemos hablado de los Tribunales de Instancia desde hace cuatro años pero no de esta manera. Se apuesta más por el control de los propios jueces que por una reorganización efectiva de los mismos", decía esta semana el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado. "Se improvisa demasiado en Justicia en nuestro

país –añadía–. Así sucede con el futuro del registro civil, con una ley que entra en vigor en julio de este año y aún no sabemos quien va a gestionar el servicio".

Sedes desplazadas o itinerantes

Pero son muchos los cabos que quedan por atar en esta reforma, ya que se plantean algunas excepciones para que algunos jueces sigan estando destinados en determinados municipios. Pero para saber cuáles serán esas localidades habrá que definir antes otra Ley, la de Demarcación y Planta Judicial, en la que podrán establecerse "sedes desplazadas de todas o alguna de las salas de los Tribunales Provinciales de Instancia". Según el anteproyecto de LOPJ, para ello se tendrían en cuenta circunstancias como el volumen y dispersión de la población; la carga de trabajo; la distancia de la sede desplazada a la capital de provincia; o el tiempo de desplazamiento en transporte público desde la sede desplazada a la capital de provincia. Atendiendo a estos condicionantes, todo hace pensar que Aragón, por su extenso territorio, sería una de las comunidades donde podrían hacerse las mencionadas excepciones.

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