Han pasado casi dos años desde que en abril de 2012 el Gobierno anunciara el Real Decreto de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Una medida “dura pero necesaria”, según el propio Gobierno, que dejaba sin asistencia sanitaria a más de medio millón de inmigrantes irregulares en todo el país, de los que 15.000 residen en Aragón. Entonces, las entidades sociales y oenegés alertaron del grave riesgo en el que se estaba poniendo a este amplio colectivo, que quedaba desprotegido exceptuando a los menores, mujeres embarazadas y casos de urgencia.  

Sin embargo, Médicos del Mundo asegura que en Aragón se han dado durante todo este tiempo al menos un total de 63 casos de personas que, siendo menores o mujeres embarazadas, no obtuvieron asistencia médica al acercarse a un centro de salud o un hospital de la Comunidad. Así lo asegura en su informe sobre la exclusión sanitaria publicado esta semana. En concreto, la delegación de la entidad en Aragón atendió a un total de 40 menores y 23 mujeres embarazadas que fueron rechazados en primera instancia.  

De los menores, 10 de ellos no fueron atendidos porque su familia carecía de la información sobre su derecho a la asistencia sanitaria, cuatro porque en el centro de salud les negaron la tramitación de la tarjeta y en un caso porque no fue atendido en urgencias. En el caso de las mujeres embarazadas (23), 14 de ellas no fueron atendidas al carecer de tarjeta -a pesar de que una de ellas estaba empadronada- al acudir a un centro del Salud.  

Desde el departamento de Sanidad de la DGA se ha afirmado siempre desde la aprobación del Decreto que en Aragón no se han producido casos de este tipo, algo que, sin embargo, ya rebatió la Plataforma por la Salud Universal -Formada por Médicos del Mundo, SOS Racismo o Cáritas entre otras entidades- en noviembre del año pasado presentando ante el Justicia un informe denunciando incluso que se habían emitido facturas por algunos servicios de urgencia.  

El mapa de la Sanidad en las Comunidades

Al ser Sanidad competencia de las Comunidades Autónomas, cada región decidió interpretar y legislar en función de su parecer el decreto de la reforma sanitaria. Según señala este informe de 69 páginas, Aragón ha sido una de las 10 comunidades donde se ha creado un mecanismo para proporcionar cobertura sanitaria para algunos de los casos: El programa de Protección Social de la Salud Pública, creado meses después de la entrada en vigor del Decreto, ha amparado por el momento a 500 inmigrantes irregulares (el 3% de los que perdieron el derecho) para que pudieran obtener asistencia sanitaria fuera de urgencias, aunque asumiendo el 100% del coste de los medicamentos o tratamientos recetados.  

Con este plan, Aragón ha “parcheado” al igual que otros comunidades la exclusión sanitaria de los 'sin papeles', algo que no se ha hecho en Asturias o Andalucía, donde se sigue atendiendo a los inmigrantes como antes de la norma según afirman desde Médicos del Mundo, o Castilla La Mancha, donde no se ha presentando plan alguno para contrarrestar los efectos del decreto.  

Como resultado, la entidad señala que se está creando un “mapa de la sanidad” confuso y desigual entre las distintas comunidades, asegurando además que los mecanismos puestos en marcha en muchas de ellas carecen de una campaña de información adecuada para que los afectados puedan solicitar asistencia conforme se contempla.  

“En Aragón el Salud ha puesto en marcha el programa de protección social, pero este, además de ser muy restrictivo, no ha sido informado a los afectados cuando han acudido a un centro de Salud demandando asistencia”, señala María Jesús Viñales, coordinadora autonómica de Médicos del Mundo en Aragón, organización que ha atendido a 428 personas durante este tiempo, de los cuales muchos, pese a entrar dentro del Programa de Salud Pública, no fueron atendidos ni informados de la existencia del mismo al llegar a un centro sanitario.  

En concreto, el programa puesto en marcha en Aragón aplica como requisitos un empadronamiento continuado de al menos 6 meses y unos ingresos mínimos inferiores al IPREM (532 euros). Condiciones que cumplen muchos de los inmigrantes que perdieron su tarjeta sanitaria hace dos años, pero que al acercarse a un centro de salud no son informados de ello.

“Hay mucha desinformación, y a pesar de que la DGA dice que está haciendo campaña, lo cierto es que solo se está aplicando el programa cuando el enfermo acude junto con alguna entidad social que denuncia el abuso”, explica Viñales.    

3 casos de 14  

En su informe, Médicos del Mundo pone cara a algunos de los casos más dramáticos vividos a raíz del Decreto de la reforma sanitaria ocurridos en distintos puntos de España. Entre las 14 historias recogidas se encuentran 3 ocurridas en Aragón, como el de una inmigrante de Marruecos a la que se le diagnosticó cáncer de cuello de útero y que cumplía con los requisitos para acogerse al Plan del Salud pero carecía de la documentación marroquí necesaria para demostrar su situación, por lo que aún no ha recibido tratamiento. O el de Salim, un inmigrante de 19 años procedente de Ghana diagnosticado de diabetes y cuyo tratamiento está siendo proporcionado por Cáritas.  

Pero desde Médicos del Mundo en Aragón se hace especial hincapié en un caso ocurrido en la Comunidad que según ellos “ejemplifica la dificultad que supone la ausencia de una Sanidad Universal e igualitaria, para todas las personas y en todas las regiones del país”. Ese es el caso de Malick, un senegalés de 44 años que vive en la comarca de Bajo Aragón-Caspe y al que en el centro de salud donde ha tramitado la solicitud para acceder al Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública se le exige una documentación que él no entiende. Médicos del Mundo asegura que comprobó que Malick cumple los requisitos y que solo estaba pendiente del informa social, pero que la falta de coordinación entre el Salud y las comarcas -a las que están transferidos los servicios sociales- ha hecho que después de ocho meses, durante los cuales ha necesitado asistencia médica en varias ocasiones, aún no se le haya realizado el último informe que necesitaba para entrar en el programa aragonés.