El INAGA observará con lupa la apertura de nuevas viviendas rurales en Aragón

Aragón es una de las comunidades autónomas más ricas en cantidad de alojamientos rurales. En total, se contabilizan más de un millar de viviendas y junto a Cataluña y Castilla y León, es uno de los lugares con un potencial superior al de la media nacional. Sin embargo, según apuntan los últimos datos del Observatorio de Turismo Rural, la comunidad aragonesa no se encuentra entre los destinos más demandados.

El Pirineo, la Sierra de Albarracín, el Maestrazgo o Javalambre son algunas de las zonas donde este tipo de turismo es más notorio. La construcción de viviendas rurales ha dado un soplo de aire fresco a algunos municipios acuciados por el problema de la despoblación y el desempleo. Sin embargo, el alto número de casas rurales existentes y previstas en algunos puntos concretos de la geografía aragonesa, como es el caso de Arens de Lledó, en la Comarca del Matarraña, ha llamado la atención del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), ante el posible impacto negativo que pueden producir como consecuencia de su concentración.

Por eso, cuando el organismo lo considere oportuno, solicitará un estudio de impacto medioambiental. "Algunas solicitudes tendrán que pasar por una evaluación de impacto ambiental en las que se valorará el efecto acumulativo, los recursos disponibles, el riesgo forestal o si el suelo es urbanizable o no, entre otros factores", explica la directora general del INAGA, Nuria Gayán. "Esto no significa que donde haya una sola casa no se exigirá y donde ya existan varias sí, pero es cierto que donde hay indicios de efectos acumulativos, puede ser más necesario", añade.

La medida ha pillado por sorpresa a los propietarios y no ha sentado demasiado bien en el sector. Desde la Federación Aragonesa de Alojamiento de Turismo Rural aseguran que se han encontrado con la noticia esta semana y consideran que la iniciativa es un nuevo "matiz meramente recaudatorio" y que han ido a tocar a uno de los sectores "más débiles". Mientras, desde el INAGA defienden que no han cambiado ninguna ley, y simplemente cumplen con la normativa nacional y europea, que con ligeras variaciones, es la misma desde los años ochenta. "La norma lo contempla, otra cosa es que no lo hubiésemos hecho hasta ahora", explican desde el INAGA.

El presidente de la Federación Aragonesa de Alojamiento de Turismo Rural, Jesús Marco, apunta que son conscientes de que "hay que ser respetuosos con el medio rural" y no entienden qué daño puede hacer una vivienda de este tipo, porque son "de lo más respetuoso". "Si hay que hacerlo, lógicamente lo haremos, pero no nos parece correcta ni la medida ni la agresividad con la que se ha presentado", apunta el presidente. "Lógicamente, será un plus económico a tener en cuenta a la hora de iniciar un negocio de este tipo", añade.

Los trámites para poner en marcha una vivienda pueden durar un mes

La denominación oficial en Aragón es de Vivienda de Turismo Rural y para abrir un negocio de este tipo hay que cumplir algunas condiciones como que ser una vivienda tradicional o, en su defecto, adecuarse a la estética de la arquitectura tradicional de la zona. Es necesario ofrecer un mínimo de dos habitaciones y un máximo de seis. Y, además tienen que estar ubicadas en poblaciones de menos de 1.000 habitantes o claramente fuera del casco urbano, en caso de que el municipio sea mayor.

Una vez entregada la documentación necesaria pasa una fase de consulta oficial por parte de todos las entidades implicadas, al final, es la comarca la que analiza que el proyecto se adapte a la normativa. Si la tramitación transcurre correctamente, en un plazo de tres meses el negocio puede estar funcionando.

Actualmente, Aragón se rige por la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental -que ha entrado en vigor en el Estado pero todavía no lo ha hecho en las Comunidades Autónomas-, el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero y la Ley 7/2006, de 22 de junio de protección ambiental de Aragón. Ahora, el Gobierno de Aragón también trabaja en la elaboración de la Ley de Prevención y Protección del Medio Ambiente, que servirá para regular este tipo de casos, entre otros, y que se encuentra en fase de Información Pública y Participación Ciudadana.