La Audiencia Nacional ha ordenado este miércoles la excarcelación de la grapo Concepción González Rodríguez, condenada por el secuestro del empresario zaragozano Publio Cordón el 27 de junio de 1995, en aplicación del fallo de Estrasburgo que derogó la 'doctrina Parot', han informado fuentes jurídicas.

Con la salida de prisión de González Rodríguez son ya siete miembros de los Grapo los que han sido excarcelados desde la notificación de la sentencia de Estrasburgo el pasado 21 de octubre, después de que este martes fuera también excarcelado Laureano Ortega, considerado jefe de esta banda terrorista e integrante del comando Josefa Jiménez.

Tras su detención el 3 de noviembre de 1995, González Rodríguez ha estado encarcelada en la prisión de Ávila, cumpliendo una pena de 27 años de cárcel por secuestrar en junio de ese mismo año a Publio Cordón, cuyo paradero se desconoce.

La terrorista confesó a la Policía que cuando llegó a Lyon (Francia) con el secuestrado le estaban esperando en una vivienda otros dos grapos encargados de vigilar al empresario junto al dirigente del grupo Fernando Silva Sande.

Horas antes de decretar la puesta en libertad de González Rodríguez, la Audiencia Nacional acordó excarcelar a Laureano Ortega, que salió este martes por la tarde de la cárcel del Puerto de Santa María (Cádiz).

Ortega fue detenido en 1992 por la Guardia Civil en Santander y ha sido condenado por diversos atentados en la Audiencia Nacional.

En 1994 fue condenado a 11 años de prisión por haber colocado dos bombas en la vía férrea Madrid-Badajoz, a otros 15 años por pertenencia a banda armada y por el robo en 1991 de las armas de dos vigilantes jurados en Zaragoza y a 36 años más por robar más de 122 millones de pesetas en una entidad bancaria tras secuestrar al apoderado de la misma.

En 1995, la Audiencia Nacional lo condenó a 27 años de prisión por atentar, en 1990, contra unas instalaciones petroleras de Repsol en Tarragona y planear el secuestro de un empresario madrileño, y en 1996 lo condenó a 26 años por el asesinato del empresario Claudio San Martín, quien se había negado a pagar el "impuesto revolucionario" exigido por la banda en La Coruña en mayo de 1988.

En total, desde la anulación de la 'doctrina Parot', la Audiencia ha dictado la libertad definitiva de 71 terroristas, 62 de ellos etarras, así como de siete miembros de los GRAPO, uno de los GAL y otra del Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego.