Medio Ambiente
El Gobierno propone modificar los límites de espacios de la red Natura 2000 en Aragón
Con esta nueva norma la red se incrementa en 5.600 hectáreas, y se pretende dotar a los límites de mayor precisión y adaptarlos a elementos reconocibles del terreno.
La Dirección General de Conservación del Medio Natural del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente va a someter a información pública una propuesta de modificación de los límites de algunos espacios de la red Natura 2000 en Aragón, designados en cumplimiento de las Directivas de Aves (2009/147/CE) y de Hábitat (92/43/CEE).
El objeto de esta modificación es dotar a los límites de mayor precisión y adaptarlos a elementos reconocibles del terreno. Se ha actuado principalmente sobre aquellos espacios destinados a la protección de ecosistemas muy localizados, como las cuevas o los ríos, pero también sobre aquellos que ocasionan problemas interpretativos y pueden crear inseguridad jurídica. Todos ellos se han ajustado a la línea límite autonómica del Instituto Geográfico Nacional.
Además, se pretende unificar espacios de la red que mantienen una compartimentación infundada y que generan importantes complicaciones para su gestión. El proceso ha contemplado la confluencia de los límites de las Zonas de Especial Protección para las Aves y los Lugares de Importancia Comunitaria.
Como resultado, se han modificado unas 35.000 hectáreas, de las cuales cerca de 15.000 se han excluido y poco más de 20.000 pasan a formar parte de la red Natura 2000.
En resumen, la red Natura 2000 se incrementa en 5.600 hectáreas, lo que supone el 0,12% del territorio aragonés, que afectan con distinta relevancia a los municipios aragoneses, siendo 194 los que experimentan variaciones de más de una hectárea (bien sean por inclusión o exclusión), 301 los que no sufren variaciones apreciables (menos de 20 metros cuadrados) y 37 municipios los que presentan modificaciones entre 1 hectárea y 20 metros cuadrados.
Con todo, la Dirección General de Conservación del Medio Natural va a remitir de forma inmediata la documentación a los ayuntamientos afectados para que puedan evaluar la propuesta y realicen las consideraciones oportunas. El periodo de información pública se ha fijado en 45 días para garantizar la libre concurrencia de todos los ciudadanos.
