Los autónomos afectados por la retirada de la tarifa plana en Aragón estudian querellarse

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha destapado la caja de los truenos. Tras ofrecer a bombo y platillo la tarifa plana para jóvenes emprendedores, que reduce el pago mensual a la Tesorería a 50 euros, una nueva directriz añadida a posteriori este verano anula la bonificación para aquellos que se han dado de alta como parte de una sociedad limitada.

O lo que es lo mismo, solo se pueden acoger a la reducción los autónomos individuales sin empleados. Y lo que es peor para los afectados. La nueva orden tiene carácter retroactivo, por lo que aquellos que llevan desde el verano pagando la tarifa reducida se ven ahora obligados a desembolsar 200 euros por cada mes que han cotizado solo 50.

Una situación insostenible para muchos jóvenes, que de saberlo a lo mejor no se hubieran lanzado a emprender. Así lo indican desde la Asociación de Autónomos de Aragón (UPTA), donde ya han detectado casos en la Comunidad.

“Se trata de un cambio de criterio arbitrario y sin justificación que atenta contra el principio de igualdad”, explica su secretario general, Álvaro Bajén. A su juicio, se trata de un “error de bulto” de la Administración central y pone a disposición de los afectados sus servicios jurídicos, que ya están trabajando para reunir los casos en Aragón. “Lo impugnaremos sin coste alguno para ellos porque creemos que es una medida injusta”, argumenta.

De hecho, en otras comunidades ya se han organizado denuncias conjuntas, como en Valencia, donde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) han tramitado más de 200 quejas en este sentido.

Desde verano

El cambio de criterio del Gobierno central se plasmó en una instrucción emitida por la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la Seguridad Social el pasado 31 de julio. Con ella se trataba de dar respuesta a las consultas que llegaban desde las oficinas de Tesorería, donde no tenían claro cómo actuar, ya que la norma de origen no lo especificaba.

Finalmente se optó por excluir a los societarios, pese a que en la Ley de Emprendedores no figuraba tal extremo. Pero más allá de esta exclusión -algunas fuentes señalan que era la intención inicial, chafada por un error en la redacción del texto legal-, las asociaciones de autónomos reclaman que el cambio de criterio no se aplique con retroactividad, ya que el error no lo han cometido los afectados, sino la propia Administración.