El Gobierno de Aragón tiene intención de comprar entre 40 y 50 viviendas en el término municipal de Zaragoza para ampliar su actual bolsa de pisos de alquiler social. Esta iniciativa, que fue explicada ayer en las Cortes de Aragón por el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, y que se enmarca dentro de las actuaciones del Plan Impulso, fue bien recibida por los diputados de PAR y PP y con reticencias por la oposición, que consideró que los 2,7 millones de euros que van a destinarse a este fin son una cuantía escasa.

Alarcón explicó que la razón por la que se ha puesto en marcha esta iniciativa es el escaso número de pisos en propiedad que en este momento tiene el Ejecutivo:«Ahora tenemos unos 14 o 15. Queremos ampliar nuestro patrimonio en viviendas para dedicarlas a alquiler», dijo. Por ello, recordó que su departamento invertirá, provenientes del Plan Impulso, 2,7 millones de euros a la adquisición de estos inmuebles.

Entre las características que deben tener los pisos, el consejero destacó que su superficie debe estar entre los 50 y 75 metros cuadrados; tener una antigüedad máxima de 10 años y ser ofrecida a un precio máximo de 950 euros/m2 de superficie útil.

La oposición recibió esta iniciativa con distanciamiento. Miguel Aso, de IU, mostró su preocupación porque con esto el Gobierno de Aragón se convierta en una especie de Sareb II (el banco malo, la sociedad que gestiona activos procedentes de la reestructuración bancaria) y que «acudan a comprar los pisos de las entidades financieras».

El diputado de IU propuso que las viviendas les fueran compradas a ciudadanos que necesitaran venderlas. Gregorio Briz, de CHA, comenzó dando la bienvenida al consejero al «club keynesiano», pero calificó de «escasa», «paupérrima», la cuantía que le ha tocado en suerte a Obras Públicas del Plan Impulso. Manuel Blasco, del PAR, valoró positivamente el Plan Impulso, en general, y las cuantías que van a destinarse a infraestructuras, en particular. Blasco consideró que es «una ayuda para resolver problemas importantes».

El parlamentario del PSOE, José Ramón Ibáñez, no entró a valorar cada una de las partidas que el Plan Impulso prevé para Obras Públicas (además de los 2,7 millones para la adquisición de viviendas destinadas a alquiler social, contempla 3,5 millones para rehabilitación de edificios y 19 millones para mantenimiento y mejora de carreteras) sino que lo calificó, todo él, de «parche». Ibáñez dijo que se trataba de un plan «improvisado y poco eficiente» y acabó preguntando quién va a pagar el Plan Impulso, para contestar que serán «los pensionistas aragoneses».

Por su parte, el diputado del PP, Javier Campoy, defendió el plan, dijo que se había diseñado «con celeridad máxima» y rechazó que sea una actuación improvisada.

Junto a la línea de apoyo al alquiler social y a la rehabilitación de edificios, Fernández de Alarcón explicó en la Comisión de Obras Públicas de las Cortes de Aragón las actuaciones más urgentes que se llevarán a cabo en carreteras, tanto las que se adelantan en fecha como las que no estaban programadas en principio y pueden licitarse este año.