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Aragón

Ejecución forzosa de la sentencia

Los tribunales obligan a la DGA a ofertar plazas de empleo, pero no especifican cuántas

La Administración debería haber ofertado cada año todas las plazas cubiertas por interinos y la Asociación en Defensa de la Función Pública asegura que en 2007 "se hurtaron" más de 700 y otras tantas en 2011.

Edificio Pignatelli de la DGA en Zaragoza
Los tribunales obligan a la DGA a ofertar plazas de empleo público, pero no especifican cuántas
O. D.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado la razón a la Asociación para la Defensa de la Función Pública y exige al Gobierno de Aragón que apruebe, en un plazo de seis meses, dos decretos complementarios a las Ofertas de Empleo Público de los años 2007 y 2011 que incluyan las plazas entonces vacantes, cubiertas por funcionarios interinos, que no se ofertaron en su momento.

En dos sentencias notificadas en 2010 y 2012, los tribunales declararon ilegales las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 respectivamente, al no contemplar todas las plazas desempeñadas por interinos que no estuviesen reservadas a funcionarios de carrera con destino definitivo.

Dos años y medio después de la primera sentencia, la Administración todavía no ha ejecutado el fallo y en abril la Asociación para la Defensa de la Función Pública solicitó ante el TSJA la ejecución forzosa de ambas resoluciones judiciales.

Según marcan tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de Aragón, la Administración debería ofertar cada año todas las plazas vacantes desempeñadas por interinos. "El no hacerlo no conlleva un ahorro y además lesiona un derecho fundamental y la legislación de la Función Pública", señalaba la abogada de la asociación en el documento remitido en abril al TSJA.

"Se hurtaron 700 plazas"

En este documento, la asociación señala que el número de interinos cuyas plazas deberían haber sido ofertadas era de 1.155 el 31 de diciembre de 2006. De estas, se incluyeron en la oferta "como máximo" 449 por lo que "se hurtaron" según los demandantes, 706 plazas de empleo público en la oferta de 2007.

La asociación desconoce, por otro lado, los datos respecto al número de interinos a 31 de diciembre de 2010 por lo que no puede especificar el número de plazas que, ilegalmente, no se incluyeron en la oferta de 2011: "Una de nuestras peticiones era que diesen los datos precisos sobre el personal de la DGA, tanto el número total como su situación (activos, inactivos, interinos, reservas de plazas...). Es totalmente imposible saberlo porque la Comunidad nunca ha publicado estas cifras de forma anual. Debería haber un boletín de estadística de la Administración Pública", protesta Julio Guiral, presidente de la asociación demandante.

Las sentencias de ejecución forzosa exigen a la DGA que oferte en los próximos seis meses plazas que completen las lagunas observadas esos años, sin embargo no concretan cuántas plazas deben ser. "El juez ha decidido darle un poco de margen a la Administración para que determine el número exacto en cada uno de los dos casos y como los datos son tan opacos podría hacer cualquier cosa -se teme Guiral-, sin embargo, no vamos a aceptar que oferte solo 100 plazas por ejemplo, porque se hurtaron muchas más".

Aumento de interinos

En la audiencia frente al TSJA, la DGA alegó, según la asociación demandante, que la crisis económica ha truncado su voluntad de ejecución de las sentencias. Sin embargo, un informe de 2012 del Justicia de Aragón refleja que el número de interinos aumentó desde 2006 hasta 2012 en un 87,45%. A finales de 2006 había según ese informe 1.155 interinos en la Administración y en septiembre de 2012 esa cifra se elevaba hasta los 2.165, llegando a copar un 22% del total de empleados públicos de la DGA (cifrado en 48.163). Por esta razón, no consideran plausible que se hayan amortizado las plazas no ofertadas entonces.

Además, la DGA expuso como argumento para evitar publicar estas ofertas complementarias de empleo público la racionalización del gasto y la ley estatal de los Presupuestos Generales del Estado de 2013 que impide la incorporación de nuevo personal. Sin embargo, el TSJA entiende que esa ley es posterior a los hechos demandados y que no tiene carácter retroactivo, por lo que obliga a la DGA a publicar una Oferta de Empleo Público con las plazas que se dejaron de cubrir en las convocatorias de 2007 y 2011.

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