Las Cortes de Aragón han instado al Gobierno autonómico a reclamar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la derogación del impuesto estatal sobre los depósitos bancarios para que las comunidades autónomas los puedan gravar libremente, fijando su propia tasa. 

La Comisión de Hacienda ha aprobado una proposición no de ley de IU enmendada por el PAR en la que emplaza al Ejecutivo a "emprender cuantas medidas institucionales, políticas y jurídicas sean precisas, incluyendo la reclamación de que el impuesto grave realmente a las entidades, solicitando la transferencia al Gobierno de Aragón de cuanto se ha recaudado por este impuesto por los depósitos de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y entidades financieras que operen en Aragón".

Ha defendido la iniciativa el portavoz de IU, Adolfo Barrena, quien ha expresado la necesidad de este impuesto --en el ámbito regional-- "en función del artículo 103 y de lo que la Constitución reconoce" y ha criticado que el Gobierno central, "con la implantación de este impuesto a nivel nacional a cero euros, no solo no grava a las entidades financieras sino que también invade las competencias autonómicas". El objetivo de Barrena es que Aragón pueda crear un impuesto propio y recaudarlo.

La parlamentaria del PSOE, Ana Fernández, se ha situado a favor de la iniciativa declarando que "con este impuesto no se incrementa la presión fiscal de los ciudadanos, sino a las entidades financieras, y ya es hora de que aporten para salir de la crisis".

En representación del PAR, Antonio Ruspira, ha criticado que, al implantar el Gobierno este impuesto "se está produciendo un gravísimo perjuicio a las comunidades autónomas" y ha pedido "levantar la voz de forma unánime para defender la autonomía de Aragón y rechazar esta tomadura de pelo".

Por parte del PP, el diputado Jorge Garasa ha recordado que el impuesto implantado por el Gobierno de España "no es un impuesto recaudatorio, sino que busca poner orden en todo el territorio, gravando con la misma cantidad".

El diputado de CHA, José Luis Soro, ha calificado la implantación de este impuesto por parte del Gobierno central como "el espectáculo más lamentable de la política financiera autonómica". Soro ha anunciado que no votaría favorablemente la iniciativa al considerar que es "un intento del PAR de sacar pecho después de que el Gobierno no ha hecho ni hará nada".

Contratos públicos  

Adolfo Barrena ha llevado también ante la Comisión otra proposición no de ley con la que IU pretendía conseguir la inclusión de una cláusula de subrogación en los pliegos de condiciones de contratación de servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para evitar despidos de trabajadores cuando cambian las contratistas. Esta iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra de PP y PAR.

El portavoz de IU ha manifestado que "la experiencia adquirida por los trabajadores es valorable y debería mantenerse", a lo que ha añadido que la subrogación "evitaría problemas y demostraría que el Gobierno se preocupa por los trabajadores de contratas públicas".

Han rechazado la iniciativa la popular Nuria Loris y el diputado del PAR Antonio Ruspira. La primera ha justificado el voto en contra al decir que la subrogación "es contraria a derecho". En la misma línea, Ruspira ha declarado que "existen informes que no dejan tan claro que jurídicamente sea factible, y llevar la cláusula de subrogación de manera permanente haría un flaco favor al empleo público".

Por otro lado, Ana Fernández (PSOE) ha anunciado su apoyo a la proposición no de ley, ya que "la experiencia que tienen los trabajadores se mantendría con la subrogación, aumentando la calidad de los servicios prestados", mientras que José Luis Soro (CHA) ha añadido que "la subrogación es una cuestión administrativa, y esto es defendible jurídicamente, convirtiendo este asunto en una decisión política".