El grupo de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón y 13 enmiendas parciales, todas de supresión, para cada uno de los artículos y disposiciones del texto. El plazo de enmiendas ha finalizado este lunes.

CHA argumenta en la motivación de la enmienda a la totalidad que este proyecto de ley "realiza un análisis sesgado de la realidad de la sanidad" en Aragón y tiene por "único objeto" conferir a los profesionales de los ámbitos sanitarios y de servicios sociales el carácter de autoridad pública, de tal forma que gocen de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente.

El planteamiento coincide con el de la Ley de Autoridad del Profesorado, aprobada recientemente en las Cortes aragonesas, explican, para señalar que, en ambos casos, "frente a la preocupante situación que atraviesan la educación y la sanidad pública, frente a la falta de inversión, los recortes en materia de personal y el abandono de los servicios públicos para su posterior privatización", el Gobierno remite un proyecto de ley "que no afronta los importantes problemas de nuestro sistema sanitario público para, simplemente, hacer recaer la relación paciente-facultativo en una mera cuestión de autoridad".

Desde CHA estiman que es "indiscutible" el papel "fundamental" que el conjunto del personal sanitario y de los servicios sociales tiene en sus respectivos ámbitos "y es indudable que cualquier medida que tienda a reforzar el papel de los mismos debe ser apoyada en todos los ámbitos de la sociedad".

Sin embargo, "su mero reconocimiento como autoridad pública no solo supone ignorar deliberadamente cuáles son las carencias fundamentales de nuestro sistema sanitario y de nuestro sistema asistencial, sino que supondrá la existencia de nuevas problemáticas derivadas de la judicialización de la vida sanitaria y asistencial".

Deberes, pero no derechos

El preámbulo del proyecto de ley hace referencia a aspectos de "evidente importancia" para CHA, como los deberes de los usuarios de la sanidad y los servicios sociales, entre ellos, la responsabilidad en el uso adecuado de los recursos, servicios y prestaciones, el respeto a las normas establecidas en cada centro sanitario y al personal que en él preste sus servicios.

No obstante, a estos deberes de los usuarios "no se correlaciona una serie de derechos de los mismos", sino que se apunta que en los últimos años "se han producido una proliferación de casos en los que determinados profesionales del sector público sanitario y social, en el ejercicio de sus funciones, son agredidos o maltratados verbal o físicamente por pacientes, usuarios, familiares o sus acompañantes", causándoles "un daño físico o psicológico".

CHA apostilla al respecto que estas afirmaciones no vienen refrendadas "por ningún dato contrastado ni acompañado de ningún estudio al respecto que justifique en la memoria del proyecto de ley la oportunidad de la norma".

A su entender, la valoración social de la función de los profesionales de los ámbitos asistenciales y sanitarios "pasa por dotar a los mismos de los medios materiales y de personal necesarios para desarrollar su trabajo en condiciones óptimas", mientras que los "continuos recortes" en servicios sociales y la sanidad pública "conducen a la merma de las plantillas, al deterioro de las instalaciones y a la perdida de programas y actividades".

Reforma estructural

CHA precisa que se está realizando "una profunda reforma estructural" del Sistema Nacional de Salud, basada "no en el concepto de ciudadanía, sino en los de ahorro y de economías de escala, cuando aún quedaban muchos ámbitos de atención que cubrir".

Esto "afectan directamente al Sistema Aragonés de Salud y al Sistema de Servicios Sociales Públicos de Aragón y están poniendo en riesgo la calidad de la asistencia y a la buena praxis".

El grupo de CHA opina que "el problema fundamental de la sanidad pública es un problema de creciente falta de medios adecuados y no de falta de autoridad de sus profesionales", "sin perjuicio de problemas concretos que sin duda existen y que interesadamente se pretenden magnificar".

En este sentido, sostienen que este proyecto de ley "resulta mucho más sencillo" y no tendrá ningún coste económico para el Departamento de Sanidad, si bien "no solo no vendrá a solucionar posibles problemas que puedan existir en el ámbito del funcionamiento de los centros sanitarios y asistenciales, sino que creará, sin duda, otros nuevos de graves consecuencias y difícil resolución".