Acción popular contra la Generalitat por llevarse papeles aragoneses de Salamanca

El investigador Policarpo Sánchez se ha convertido en una especie de Robin Hood del Archivo de Salamanca, para evitar que Cataluña desmembre este centro documental y puedan recuperarse los papeles aragoneses que ya se han llevado y se impida el último traslado. Un despacho de abogados que asesora al historiador va a presentar en los próximos días una acción popular contra la Generalitat de Cataluña por haberse llevado ilegalmente documentos aragoneses (entre otras comunidades autónomas) de particulares.

Esta es una estrategia jurídica para evitar el último envío de documentos previsto para este mes de enero y va a facilitar que todos los ciudadanos e instituciones aragonesas perjudicados se puedan sumar al pleito. Mientras, el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre la ley de restitución de 2005 que recurrió el PP.

El día de Nochevieja no solo acabó el año 2012 sino que también expiró el tiempo previsto para la empresa Grupo Sepro (Servicios Profesionales y Proyectos), contratada por la Generalitat, que ya ha concluido la selección de documentos del Archivo de Salamanca para el último envío (el sexto) desde enero de 2006, que incluye 73.640 documentos.

Entre los papeles seleccionados, Cataluña tiene previsto trasladar los de la sección Político-Social de Aragón, documentos de las minas de Fayón, Alpartir y Mequinenza, porque la empresa que las explotaba era catalana y tenía domicilio social en Barcelona, y papeles de las milicias que estuvieron en el frente aragonés y luego se incorporaron al ejército de la República.

El tira y afloja soberanista entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat de Artur Mas no ha impedido que el polémico ministro de Cultura, José Ignacio Wert, facilitara en su primera comparecencia en el Congreso los permisos del último traslado que se cierra este mes.

Contra la orden ministerial

El proceso habitual de todos los envíos, una vez seleccionados los documentos, exige que se reúna el Patronato del Archivo de Salamanca para que sus miembros autoricen ese traslado. Posteriormente, el Ministerio de Cultura aprueba una orden ministerial para dar el visto bueno al envío.

La acción popular se emprende contra esa orden ministerial, como un mecanismo que contempla la Ley de Patrimonio Histórico Español, aprobada en 1985, y su foro es la Audiencia Nacional.

Mientras el Ayuntamiento de Salamanca intentó evitar el primer traslado de documentos en enero de 2006 al paralizar la salida del Archivo, la acción popular con casos concretos "muy documentados" ataca la legalidad del envío de esos documentos por encima de la norma.

"Se han llevado papeles incautados en Aragón y de aragoneses que estaban coyunturalmente en Cataluña. Esas son las ilegalidades que se denuncian ante la Audiencia Nacional", señalaron fuentes jurídicas del gabinete de Salamanca que tiene preparada la acción popular para presentarla contra la Generalitat. "La ley aprobada se limita a los papeles de la Generalitat, los intervenidos en Cataluña y de personas jurídicas o personas particulares catalanes", agregaron.

El Gobierno aragonés preguntó al Ministerio de Cultura en este proceso de selección de los papeles y los anteriores envíos, pero al tratarse de personas privadas señalaron que las reclamaciones no podía asumirlas Patrimonio.

Aún así, el Ayuntamiento de Fayón reclamó ayuda a la DGA para evitar el traslado de los papeles de la mina y solo obtuvo la respuesta del Ministerio de Cultura a través del ejecutivo aragonés. El ministro José Ignacio Wert autorizó esta operación porque la empresa propietaria era catalana, aunque se intervinieron en Aragón, lo que contraviene la ley aprobada, según el gabinete que asesora al investigador.

"A la acción popular puede sumarse cualquier particular perjudicado por Cataluña con sus documentos y también asociaciones o partidos que se quieran personar en el proceso de reclamación a la Generalitat", apunta un letrado de los denunciantes.