El decano de los jueces de Zaragoza, Ángel Dolado, y portavoz de la asociación Foro Judicial Independiente, ha señalado que el paro celebrado contra las reformas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha sido seguido en la capital aragonesa por unanimidad. También ha habido concentraciones en Huesca y Teruel.

"La concentración que hemos mantenido en la Plaza del Pilar ha sido apoteósica, la más apoyada en número de personas de las que hemos convocado, han estado secretarios judiciales, funcionarios, abogados... ha sido increíble y, además, ha tenido una gran repercusión en los medios, estamos muy satisfechos", ha declarado.

En general, los portavoces de las organizaciones profesionales de jueces y fiscales y de los sindicatos que representan a secretarios judiciales y otros funcionarios se han mostrado satisfechos de la hora de paro que han celebrado en contra de las reformas de Gallardón.

Las organizaciones de jueces y fiscales, agrupadas en la Comisión Interasociativa que integra a la totalidad de ellas, han celebrado a mediodía un paro parcial de una hora en los juzgados, huelga parcial que han apoyado los sindicatos y la mayor parte de las organizaciones de secretarios judiciales, además de los abogados.

Todos ellos han celebrado concentraciones frente a los juzgados de capitales como Zaragoza, Valencia, Sevilla o Madrid.

El Ministerio de Justicia no ha realizado estimación alguna del seguimiento de la convocatoria, al igual que el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, institución que ha apuntado la dificultad de calcular el porcentaje de jueces que ha parado su actividad.

Por su lado, las organizaciones de jueces y fiscales harán este jueves, antes de celebrar un encuentro con diputados y senadores populares, una valoración conjunta de la convocatoria, pero entre tanto varios de ellos han hecho un análisis individual positivo.

Maite Sáez Martínez, de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, ha expresado que "al menos en Málaga, donde yo trabajo, ha sido un verdadero éxito".

"Hemos cubierto la explanada de las escaleras que hay frente a los juzgados, jueces, fiscales, abogados, procuradores, secretarios y funcionarios, todos hemos leído un comunicado común y hemos dado muestra de unidad", ha añadido la portavoz.

Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, ha señalado que "tenemos datos de un seguimiento muy positivo tanto del paro parcial como de la participación en las concentraciones que, en ambos casos, ha sido ampliamente mayoritaria. He estado en Valencia, pero he hecho ronda en diversas ciudades y he recibido esta información", ha explicado.

Por parte de la Asociación de Fiscales, Antonio Roma, su portavoz, ha hecho desde Santiago de Compostela una valoración positiva tanto de la oportunidad de la convocatoria como de su seguimiento, a la espera de datos de toda España.

Por su parte, Ángel Dolado, decano de los jueces de Zaragoza (y portavoz de la asociación Foro Judicial Independiente) ha señalado que el paro ha sido seguido allí por unanimidad.

"La concentración que hemos mantenido en la Plaza del Pilar ha sido apoteósica, la más apoyada en número de personas de las que hemos convocado, han estado secretarios judiciales, funcionarios, abogados... ha sido increíble y, además, ha tenido una gran repercusión en los medios, estamos muy satisfechos", ha declarado.

Aunque no todas las asociaciones de secretarios judiciales han secundado la convocatoria, Carlos Artal, portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, que apoya el paro, ha expresado su impresión de que el seguimiento ha sido "importante, quizá de la mitad" de los secretarios judiciales.

Protesta en Huesca y Teruel

En Huesca, una veintena de trabajadores del sector judicial han secundado este miércoles el paro de una hora convocado a nivel nacional para manifestar su rechazo a las medidas planteadas por el Gobierno central relacionadas con la Justicia, entre ellas las nuevas tasas judiciales.

En Huesca, como en el resto del país, los magistrados exigen la retirada de la reforma de la Ley Orgánica, mantener la estructura y competencias actuales del Consejo de Gobierno del Poder Judicial así como su autonomía presupuestaria.

También piden que se garantice la independencia del poder judicial, el aumento de la plantilla con más jueces y fiscales y rechazan las tasas. Todo para garantizar el funcionamiento de los organismos judiciales que cada vez tienen mayor carga de trabajo.

Así lo ha indicado la magistrada Ana María Iguacen, al explicar a los medios de comunicación que con estas concentraciones "volvemos a insistir en el tema de las tasas judiciales, ya que no nos parece la solución al problema porque va a impedir el acceso a la justicia a muchas personas". Ha añadido que "también volvemos a insistir en la garantía de la independencia del poder judicial, incluyendo a la Fiscalía General del Estado".

En Teruel, un centenar de trabajadores se han concentrado contra la nueva normativa del Ministerio de Justicia que, en palabras del decano del Colegio de Abogados de Teruel, Manuel Gómez Palmeiro, hará que exista solamente "una justicia para ricos y para muy pobres".

"Entendemos que se vaya pagando poco a poco por la Justicia pero no pasar de uno a mil, con un incremento tan brutal", ha señalado a los medios de comunicación Gómez Palmeiro.

A través de un comunicado, los jueces han mostrado su rechazo a estas tasas y han exigido medios materiales y humanos, así como mantener la estructura y competencias actuales y mayor autonomía presupuestaria para garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal.

Los funcionarios de Justicia se han manifestado bajo el lema 'Sin justicia no hay derechos' y portando carteles en los que rechazaban los recortes.

La delegada de Personal de Justicia de CC. OO., Caridad Belanche, ha alertado no solo del perjuicio del incremento de las tasas, que limitan en su opinión el acceso de los ciudadanos a la Justicia, sino también el anteproyecto de ley que contempla la "privatización" del Registro Civil.

"El anteproyecto plantea pasar las funciones del Registro a los registradores de la propiedad y mercantiles, y las bodas civiles a los notarios, con lo que supondrá de coste para el ciudadano", ha asegurado la representante sindical ante los medios de comunicación.

Ha anunciado que el nuevo texto plantea dejar un solo Registro por provincia, cuando ahora hay uno en cada pueblo a través de los ayuntamientos, y allí pueden darse de alta nacimientos, bodas y defunciones. "El anteproyecto dice que la tramitación se hará telemáticamente, como si los pequeños pueblos estuvieran preparados para eso", se lamenta Belanche.

La medida supone "un cambio radical en el concepto de la Justicia", además de las repercusiones que puede tener en personal, aclara la responsable sindical.