PP y PAR sacan adelante la suspensión de la paga de navidad a los funcionarios

El PP y el PAR han sacado este jueves adelante, en el pleno de las Cortes de Aragón, el proyecto de ley de reducción del gasto para garantizar la estabilidad presupuestaria, que incluye la suspensión de la próxima paga de navidad a los funcionarios y de las subvenciones a los sindicatos de la función pública.

El consejero aragonés de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, ha señalado en la defensa del proyecto, al que los grupos de la oposición, PSOE, CHA e IU, han presentado tres enmiendas a la totalidad y su devolución al gobierno, que han sido rechazadas por PP y PAR, que supone la adaptación a una normativa básica nacional de "obligado cumplimiento" por las administraciones públicas.

El texto del proyecto de ley de medidas extraordinarias en el sector público de la comunidad autónoma para garantizar la estabilidad presupuestaria se ha tramitado por el procedimiento de lectura única especial.

Además del rechazo a las enmiendas a la totalidad, CHA e IU han visto rechazadas, también por el PP y el PAR, sus más de cuarenta enmiendas parciales, para la derogación de nueve artículos y de las disposiciones adicionales, transitorias y finales.

Durante su intervención, Saz ha destacado que esta norma tiene cuatro partes, siendo la primera de ellas la suspensión de la segunda paga extraordinaria de 2012, una medida que no afectará a los funcionarios con rentas inferiores.

En este sentido, el consejero ha insistido en que dicha paga no se suprime sino que se suspende y que "no hay pérdida sino retraso" ya que se recuperará más adelante.

"Creo en la función pública" y en la labor profesional y "silenciosa" que han hecho en los últimos años y su contribución, también "silenciosa", a la reducción de la masa salarial, ha agregado Saz, quien ha deseado "fervientemente" que se recupere cuanto antes.

La segunda medida que ha citado es la que afecta a la situación de incapacidad temporal por enfermedad, aunque no en el caso de contingencias profesionales o ingresos, entre otras exenciones, para en opinión del consejero adecuar las incapacidades al sector privado.

También se ha referido a la suspensión total de las subvenciones a los sindicatos de la función pública, a cargo fundamentalmente del departamento de Hacienda, y que según ha dicho se dedicarán al estado de bienestar en general.

La regulación de la permanencia en el servicio activo a partir de la edad legal de jubilación es la cuarta medida que incluye el proyecto de ley con la que en opinión de Saz "se abre un hueco en la carrera profesional de los más jóvenes".

Por su parte, la diputada socialista Ana Fernández ha defendido la enmienda a la totalidad en que es un proyecto "absolutamente innecesario" y con el que los funcionarios "no están para nada de acuerdo" y lo han tenido que decir "en la calle" porque no les han consultado.

Fernández ha considerado "muy grave" los recortes que hace el gobierno aragonés a los empleados públicos y a la negociación colectiva, que "se la cargan directamente", y ha afirmado que el PP está aprovechando la crisis para debilitar los servicios públicos.

Y ha reprochado al ejecutivo autonómico que se hayan dado tanta prisa en traer al Parlamento un proyecto de ley que recorta salarios mientras no se dan tanta para defender los derechos de los ciudadanos y aprobar otras leyes.

Por parte de CHA, su presidente, José Luis Soro, ha afirmado que rechazan de manera íntegra el texto, desde la primera a la última letra, porque es "abusivo, discriminatorio, injusto, impresentable y responde a las órdenes de Madrid".

Es una norma que según Soro resume la acción del gobierno y responde a una "estrategia calculada" del PP, y con ella, una vez más, se recurre a "coger dinero del bolsillo de los débiles", en este caso de los funcionarios.

Adolfo Barrena, de IU, también ha considerado el proyecto "absolutamente y profundamente injusto, ineficaz e ineficiente" y se enmarca en la política del PP de "acabar con lo público".

Para Barrena, en el mismo se vulneran derechos laborales, salariales y sociales de los trabajadores públicos y supone un "atraco social" en la cuestión de la incapacidad temporal, además de una agresión a las organizaciones sindicales.

Mientras que Antonio Ruspira, del PAR, le ha dicho al consejero: "Nos vamos a volver a quedar solos", al tiempo que ha defendido la racionalización del gasto corriente y de personal.

Yolanda Vallés, del PP, tras señalar que no niega que se trate de unas "medidas duras y difíciles",ha subrayado que son necesarias en el actual contexto, responsables, de equidad y universales, además de recordar que la estabilidad presupuestarias es una obligación constitucional.