El pleno de las Cortes de Aragón ha mostrado este jueves su disconformidad con que se adopten en la comunidad las posibilidades de gestión que abre la modificación de la ley general de comunicación audiovisual, incluida la privatización de la radiotelevisión aragonesa, y el rechazo a cualquier imposición que incida en el ámbito competencial.

Así consta en el segundo punto de una moción presentada por el PSOE y enmendado por el PAR que han apoyado todos los grupos salvo CHA, cuya portavoz, Nieves Ibeas, ha incidido en que no habría que mostrar la disconformidad con la aplicación en Aragón de la ley, sino el "rechazo total".

También PSOE CHA e IU han apoyado otro punto, a instancias de IU, para que las Cortes mostraran su total rechazo a la ley, que han votado en contra PP y PAR y no ha salido adelante.

A propuesta del PAR, sí ha sido aprobado, con la abstención de CHA y el respaldo del resto de grupos, instar al gobierno de Aragón y a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión a mantener un modelo de gestión de la radiotelevisión pública aragonesa basado en criterios de eficacia y eficiencia.

Así como en la prestación de un servicio público de calidad, la generación de empleo y la vertebración territorial mediante fórmulas que garanticen la máxima estabilidad presupuestaria posible, incluida la firma de un contrato-programa.

En defensa de la moción ha intervenido el diputado socialista Carlos Tomás, quien ha advertido de que la modificación de la ley persigue la "desaparición del modelo público de televisiones autonómicas" y, con el pretexto de la crisis y la consolidación fiscal, se va a intenta obligar a "todas" las comunidades autónomas, aunque no quieran, a pasar por los criterios que la normativa establece.

"Vamos a ver si somos capaces entre todos -ha agregado Tomás- de oponernos de una forma frontal a que la ley se aplique en Aragón", porque de ese modo se preservará el modelo aragonés que hasta ahora ha dado "muy buenos resultados".

Por su parte, Fernando González, del PP, ha respaldado la nueva ley audiovisual y también el modelo de radiotelevisión aragonesa, porque está dando buenos resultados, ahora con menos presupuesto -20 millones menos que hace dos años- y más audiencia, que es la marca el control de calidad, sobre todo de los informativos.

Ha considerado que la modificación de la ley refuerza el papel de las comunidades en la decisión de sus canales autonómicos, sigue en el camino de la colaboración público-privada y con otras televisiones autonómicas y con la radiotelevisión pública, y marca la estabilidad de las cuentas.

Por su parte, el portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha hecho hincapié en que el pleno ha votado a favor del modelo aragonés de radiotelevisión y que no se apliquen en Aragón las novedades que introduce la modificación de la ley general de comunicación audiovisual, comprometiéndose con ese modelo, con los trabajadores que tiene detrás y con una estabilidad presupuestaria a través de un contrato-programa.

Para Boné, esta ley no invade el ámbito competencial de las comunidades y solo abre, y no impone, posibilidades de privatización de canales y específicamente de los servicios informativos.

Ha recalcado que para el PAR, la radiotelevisión aragonesa es un proyecto social de comunicación muy importante que lleva siete años en funcionamiento, que tiene una importante audiencia, unos 100.000 oyentes cada día la radio y una cuota de pantalla de alrededor del 10 % la televisión, que genera unos 1.000 empleos directos e indirectos y que sigue un modelo eficaz y eficiente, con un coste en torno a 45 millones de euros.

Por su parte, Nieves Ibeas, de CHA, ha defendido un modelo de servicio público que garantice una pluralidad "real" a todos los niveles y ha apuntado que su grupo no apoya la actual gestión de la corporación porque la pluralidad "se está perdiendo", con la desaparición de los debates con los distintos grupos parlamentarios y porque al final será un medio de comunicación de quienes gobiernan.

Adolfo Barrena, de IU, ha recordado que la Izquierda Plural trató de que la ley se retirara en el Congreso y el Senado porque supone "una vuelta de tuerca más" hacia la privatización de un servicio público que en la comunidad ha costado mucho conseguir, y ha tachado a los populares de "poco coherentes", al votar a favor de que una ley aprobada por sus compañeros en Madrid no se aplique en Aragón.