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Sanidad

Quienes se queden sin tarjeta deberán pagar el importe total de sus medicinas

Las personas sin tarjeta sanitaria, además del tratamiento, tendrán que asumir la totalidad del precio de sus medicamentos. Médicos y oenegés alertan de que los enfermos crónicos sin recursos podrían quedar desasistidos.

Imagen de los pasillos de Urgencias del Clínico.
Imagen de los pasillos de Urgencias del Clínico.
O. D.

El Servicio Aragonés de Salud, además de facturar a las personas sin tarjeta sanitaria -o a sus países, si hay convenio- el coste de la asistencia recibida en los centros de salud y hospitales de la Comunidad, pretende que los inmigrantes 'sin papeles' asuman la totalidad del importe de sus medicamentos a partir de este mismo sábado.

Una medida de la que están excluidos los menores y embarazadas, que pagarán por las medicinas la misma cantidad que los asegurados y beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, pero que sí afectará al resto de personas en situación irregular. Entre ellos, los enfermos crónicos -excepto los que padezcan enfermedades mentales o aquellos casos que afecten a la salud pública-, quienes podrían tener problemas para asumir las elevadas cantidades que suponen algunos de estos tratamientos. Así lo advierten algunas organizaciones de médicos y oenegés, que consideran “excluyente” esta medida y advierten de que podría conllevar más gastos que ahorro.

“Es mucho más caro paliar que prevenir”, aseguran desde la sección sanitaria del sindicato CSI-F, quienes critican que se hayan tomado decisiones sin tener en cuenta la opinión de los profesionales del sector: “Muchos inmigrantes sin tarjeta ni recursos no podrán comprar los medicamentos que necesitan, lo que implicará que acaben en urgencias y el coste para el sistema sanitario sea muchísimo mayor”. Un precio que, según apuntan desde este sindicato, acabará pagando la Comunidad: “Lo que está claro es que ni los inmigrantes irregulares sin recursos ni la mayoría de sus países van a asumir los elevados importes de estos tratamientos”.

Una opinión que comparten en la organización Médicos del Mundo. “Estamos muy preocupados por los enfermos crónicos y creemos que esa decisión tampoco va a conllevar un ahorro. Atender y medicar a un diabético supone entre 1.000 y 1.500 euros al año, mientras que hospitalizarle una sola vez porque no ha recibido el tratamiento adecuado no baja de los 5.000”, explican José María Llorente, representante de esta asociación: “Además, habrá inmigrantes sin tarjeta que no acudan al médico por miedo a que les cobren y no poder pagarlo”.

Incertidumbre entre los médicos

La circular enviada por el Gobierno de Aragón al personal sanitario no ha dejado indiferente a casi ninguna asociación de médicos, que se debaten entre el alivio de aquellos que valoran el poder seguir atendiendo a los 'sin papeles', la incertidumbre de quienes esperan el desarrollo final del protocolo y la incredulidad de los profesionales que dudan de lo expresado por el departamento de Sanidad y piensan que estas medidas impedirán asistir adecuadamente a los inmigrantes irregulares.

“Desde el punto de vista estrictamente médico es una buena noticia. Los profesionales podrán atender como hasta ahora a los pacientes sin tarjeta: en los centros públicos, dentro de su horario y sin restricciones”, asegura el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, Enrique de la Figuera, quien sí critica la situación de incertidumbre que ha creado el Ministerio de Sanidad.

Más crítico se muestra el vicepresidente de la Sociedad Aragonesa de Médicos de Familia y de Cabecera (Samfyc), Javier Perfecto, quien encuentra pocos aspectos positivos en la carta remitida por la DGA: “Al menos no han ejecutado la amenaza que hicieron la semana pasada, cuando dijeron que los médicos deberían atender a los 'sin papeles' fuera de su horario laboral”. Sin embargo, las contras empequeñecen las pocas ventajas de la nueva normativa. “Nosotros solo queremos seguir atendiendo a los pacientes de la mejor forma posible y sin que se produzcan discriminaciones, pero no nos creemos que el sistema vaya a seguir funcionando como hasta ahora”, indica Perfecto, quien acusa al Ejecutivo autonómico de haber “pasado la pelota a los administrativos, que tampoco tienen claro qué es lo que tienen que hacer”.

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