CHA ha propuesto la eliminación o revisión del Senado, el vacío de las diputaciones provinciales o que la Iglesia pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), entre otras medidas, como alternativa a la reforma de la administración local que pretende llevar a cabo el gobierno central. 

El diputado de CHA en las Cortes Gregorio Briz ha asegurado en rueda de prensa que el Senado actualmente "no sirve para nada" y se ha mostrado partidario de que los ayuntamientos cobren el IBI a la Iglesia católica para que "la crisis afecte a todos los segmentos sociales".

Asimismo, ha afirmado que sería necesario unificar aquellos ministerios cuyas competencias están transferidas a las comunidades autónomas -como los de educación o sanidad- en uno solo de administraciones públicas para ahorrar gasto.

También ha pedido la creación de un tope de gasto político institucional, según el presupuesto de cada una de las administraciones, y que, si la administración central "tiene tanto interés en paliar la crisis", mejore la financiación de los ayuntamientos persiguiendo el fraude fiscal en los impuestos estatales en los que estos participan.

En este sentido, el diputado provincial de CHA Bizén Fuster ha recordado que de los 800.000 millones de euros de deuda pública española, solo 28.000 corresponden a la administración local, de los cuales la inmensa mayoría provienen de los grandes municipios, 7.000 de ellos de Madrid.

Así, ha acusado al gobierno central de ser "especialista en poner el foco donde no está el problema" para ocultar dónde está el verdadero problema, por lo que la propuesta del ejecutivo "va mal enfocada desde el principio".

Para Fuster, estas medidas encaminadas a ahorrar dinero cuentan con "unas estadísticas que hacen aguas por todos los lados", ya que la eliminación del 31,1 por ciento de los concejales -1.350 en Aragón- no supondrá "ni un euro de ahorro" porque salvo en las grandes ciudades no hay profesionalización y no cobran nada, y además, lo que dejaran de hacer estos ediles lo tendría que hacer alguien a quien habría que pagar, por lo que finalmente incrementaría el gasto.

En este sentido, CHA ha considerado que estas medidas suponen "otra cuantificación gratuita con un objetivo de fondo, reforzar las diputaciones", con un objetivo "claramente centralizador".

"Nos estamos cargando la autonomía local y la pluralidad y representación política", ha añadido Fuster.

Además, le ha recordado al gobierno que Aragón tiene competencia exclusiva en su organización territorial, algo recogido por el Estatuto de Autonomía, una norma con mayor rango que una Ley de Bases, como la que plantea el gobierno estatal.

Por otro lado, Gregorio Briz ha lamentado que los grupos parlamentarios de PP y PAR rechazaran la propuesta de su partido de crear una comisión especial para analizar el problema de las duplicidades y ha constatado las diferencias que, en su opinión, existen entre ambos socios de gobierno a este respecto, con los populares más partidarios de las diputaciones -al igual que el PSOE- y los aragonesistas, del lado de las comarcas.