Consejo de Gobierno de Aragón

El personal sanitario será considerado autoridad pública

Reforzar la autoridad de los profesionales en su toma de decisiones y establecer el respeto mutuo como norma inviolable en las relaciones de los profesionales con los destinatarios de sus decisiones es el objetivo de este anteproyecto del que ha informado al consejo de gobierno el departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia.

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ALICIA ABRIL

El anteproyecto de ley de Autoridad Pública en el ámbito sanitario y social recoge la necesidad de establecer una especial protección a los profesionales del sistema público en estas áreas.


Reforzar la autoridad de los profesionales en su toma de decisiones y establecer el respeto mutuo como norma inviolable en las relaciones de los profesionales con los destinatarios de sus decisiones es el objetivo de este anteproyecto del que hoy ha informado al consejo de gobierno el departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia.


La ley busca la protección de los profesionales del sistema público para así conseguir una total libertad en el ejercicio de sus funciones, sin estar sometidos a ningún tipo de amenaza ni menosprecio por parte de los ciudadanos, ha indicado el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno.


El Gobierno de Aragón argumenta que en los últimos años se ha producido una proliferación de casos en los que algunos profesionales del sector público sanitario y social, han sufrido una serie de agresiones, ya sean físicas o verbales, por parte de los pacientes, usuarios, familiares o acompañantes.


Estas situaciones han dado lugar "a una merma a la hora de tomar las decisiones más idóneas en el ejercicio de las funciones de carácter público que tienen encomendadas" estos profesionales.

Sin vulnerar los derechos de los ciudadanos

Sin embargo, esta ley no contradice ni vulnera aquellas normativas que protegen los derechos de los ciudadanos, sino que la condición de autoridad pública "exige a quien la ostenta una especial dedicación y el estricto cumplimiento de cuantos derechos son inherentes a los ciudadanos destinatarios de sus decisiones".


Así, serán considerados autoridad pública los directores de centros y servicios del sistema sanitario público de Aragón; médicos; farmacéuticos; veterinarios; psicólogos; enfermeros; auxiliares de enfermería y celadores.


También los directores y subdirectores de los centros de servicios sociales y de los centros dependientes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales; psicólogos; pedagogos; trabajadores sociales y educadores sociales.