El consejero de Justicia y Presidencia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, consensuará su propuesta sobre la planta judicial con los Grupos Parlamentarios de las Cortes y los actores del sector. El Ejecutivo impulsará la elaboración de un documento que se presentará al Gobierno de España.

Bermúdez de Castro ha anunciado la elaboración de este documento, que culminará antes del verano, al responder a una interpelación de la portavoz del Grupo de CHA, Nieves Ibeas, en la sesión plenaria del Parlamento.

De Castro se opone a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial, que suprime 10 partidos judiciales de la Comunidad Autónoma. "Pienso que este informe se ha hecho desde Madrid sin conocer el territorio", ha dicho.

También ha señalado que aunque la Comunidad Autónoma tiene la competencia de la demarcación judicial es el Gobierno central el que decide sobre la planta judicial, por lo que en este asunto ambos Ejecutivos deben "ir de la mano".

"Hay que racionalizar partidos", pero "no se debe perder ninguna sede judicial", ha continuado el consejero, quien ha precisado que "no podemos tener un juzgado en la puerta de casa".

El Gobierno autónomo cree que hay que mejorar los servicios públicos y trabaja en la especialización de juzgados. Una vez concluya la actuación en los inmuebles donde están ubicadas las sedes judiciales, se mejorarán los recursos tecnológicos de la Administración de Justicia. De Castro intenta por todos los medios que "haya una Justicia excelente con unos medios excelentes".

Tutela judicial

Nieves Ibeas ha afirmado que el informe del CGPJ "no plantea nada riguroso" y que esta reforma de la planta judicial no tiene que ver con la racionalización de la Administración.

"Para CHA está claro que esta reforma que plantea el nuevo mapa es un ataque frontal a la tutela judicial efectiva", ha dicho Ibeas, quien ha añadido que "se está hablando de reducir inversiones". El informe no tiene en cuenta la dispersión geográfica, la densidad de población, el estado real de las infraestructuras, el envejecimiento de la población rural ni tampoco que esta población no tiene relación con las nuevas tecnologías.

Nieves Ibeas ha lamentado que se suprimen servicios importantes y "se tiran a la basura infraestructuras". La situación es "complicada".

Suprimir partidos judiciales "es complicar muchísimo la vida a quienes aún residen en el medio rural", de ahí que la reforma haya suscitado "rechazo" en todas las comarcas aragonesas.

La portavoz ha vaticinado que habrá traslados forzosos entre el personal de la Administración de Justicia, lo que traerá consecuencias sociales y económicas para las localidades afectadas. Se ha preguntado "qué va a pasar con el empleo".