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Sanidad

La DGA garantiza la continuidad del servicio público de aborto

El Departamento de Salud y Consumo reconocían el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo, y se comprometen a "seguir manteniendo el servicio".

El Gobierno aragonés garantizará la continuidad de la prestación del servicio público de interrupción del embarazo con medios propios o en clínicas de comunidades limítrofes, tras la decisión de los dos centros privados que lo realizaban de suspender el acuerdo debido a la deuda acumulada.

La reacción del Ejecutivo regional se produjo unas horas después de hacerse pública la decisión de suspensión del acuerdo a través de un comunicado difundido por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), tras superar la deuda contraída los 800.000 euros.

Fuentes del Departamento de Salud y Consumo reconocían esta mañana el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo, y expresaban su compromiso a "seguir manteniendo ese servicio".

Estas fuentes se mostraban, además, "muy sorprendidas" por el anuncio, ya que desde el Departamento, "conscientes de lo sensible y delicado" del problema, se les propuso la pasada semana pagar la deuda a plazos, 250.000 euros antes de diez días, otros 150.000 antes del verano y el resto antes de concluir el año.

Desde ACAI se había denunciado previamente que el Gobierno aragonés "no había sido capaz en 1 año y 9 meses de articular un plan de pago que no perjudique a las más de 2.000 mujeres que abortan anualmente en el territorio aragonés".

El compromiso adquirido supone que se podrá llevar a cabo la interrupción del embarazo con medios propios del sistema público, lo que será "más económico" para el Gobierno autonómico.

En caso de no llegar a toda la demanda se derivarán las pacientes a clínicas de comunidades autónomas limítrofes, siempre "de forma gratuita" para la mujer.

El anuncio de suspensión del servicio fue formalizado en el registro del Servicio Aragonés de Salud el pasado 15 de marzo por el propietario único de las dos clínicas abortistas aragonesas, Actur y Almozara.

Desde estos centros se asegura que a día de hoy resulta "insostenible" para los centros mantener la gratuidad de la prestación, pues se verían abocados a un "cierre inevitable".

Las reacciones a esta decisión se han producido de forma sucesiva a lo largo de la jornada, entre ellas la del Ministerio de Sanidad, desde donde se ha recordado que la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación incluida en el Sistema Nacional de Salud que debe cubrirse en todas las comunidades autónomas del país.

"Si no lo hacen las clínicas privadas, con las que había concierto, lo tendrán que hacer los hospitales públicos. No hay ningún problema. La prestación está garantizada", señalaban fuentes del Ministerio de Sanidad.

IU pide explicaciones

Entre los responsables político aragoneses, la diputada regional de IU Patricia Luquin ha sido la primera en reaccionar mediante la solicitud de una comparecencia urgente del consejero de Salud del Gobierno aragonés, Ricardo Oliván, para dar explicaciones de la situación creada y de las medidas que adoptará su departamento para garantizar el servicio.

Tras calificar de "inaudita" la situación, Luquin, en un comunicado, insta al Gobierno aragonés presidido por Luisa Fernanda Rudi a resolver "de inmediato" el problema, a pagar la deuda con los centros privados y a adoptar las medidas necesarias para que este servicio se realice en la sanidad pública "sin recurrir a los conciertos".

A la polémica se ha sumado también la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública a través de otro comunicado en el que advierte que la suspensión del acuerdo supondrá una "importante barrera económica" para las mujeres con menor capacidad económica para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

En su escrito, denuncian la existencia en algunas autonomías de una actitud ideológica contraria a financiar el aborto y a favor de excluirlo de las prestaciones sanitarias, situación que, según afirman, "se está agravando con la excusa de la crisis y los recortes".

La organización Derecho a Vivir cree que la decisión del Gobierno aragonés supone "un trato de favor inaceptable hacia quienes se lucran con la muerte de seres humanos", y ha tachado de "indignante" que "las presiones de la industria del aborto surten más efecto en la administración que el sufrimiento de familias y autónomos arruinados por el dinero que se les debe".

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