El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha manifestado este lunes que reconoce "plenamente" la obligación a atender a todas las mujeres que, en el marco de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, deseen abortar, para subrayar que "se va a dar el mismo servicio que hasta ahora" y se va a seguir garantizando esta prestación.

Así lo ha manifestado, después de que las clínicas aragonesas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo, las clínicas Actur y Almozara, hayan anunciado que suspenden su colaboración con el Servicio Aragonés de Salud y dejan de realizar esta prestación a partir del próximo 3 de mayo al haberse acumulado unos impagos por valor de 800.000 euros.

Las clínicas Actur y Almozara, únicos centros que practican abortos en la Comunidad aragonesa desde hace 15 años, han precisado que "salvo que la Administración ofrezca una solución que los centros consideran posible y viable, las mujeres que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia deberán abonar el precio de la prestación a partir del día 3 de mayo".

Fuentes del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón han subrayado que "la mujer que quiera ejercer el derecho de interrupción voluntaria del embarazo lo va a tener" y "el Gobierno así se lo va a facilitar".

"Reconocemos la obligación" y el problema surgido es de índole económica, han remarcado, para precisar que esta deuda se incluyen dentro de los 400 millones de euros en facturas sin pagar que dejó el anterior Gobierno socialista.

Además, han puntualizado, la partida destinada a esta prestación "nunca ha estado en los presupuestos del Gobierno" y las deudas están contraídas desde 2010.

Oferta del Gobierno

El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia ha explicado que la Administración se ha reunido "bastantes veces" con estas clínicas y, puesto que "sabemos que es un tema sensible y delicado", "las hemos incluido en el grupo de pago rápido".

Asimismo, el jueves pasado el director general de Planificación y Aseguramiento del Gobierno de Aragón, Antonio Villacampa, se reunió con los responsables de estos centros, ambos con la misma propiedad, y les ofreció pagarles los 800.000 euros este año.

Desde el Gobierno de Aragón han aclarado que "a otras empresas que están dentro de las facturas sin pagar no se les ha podido ofrecer esto" y en esta ocasión se ha hecho "porque sabemos que es un tema delicado".

No obstante, "no hay otra forma de pagar" que la ofrecida, que consiste en saldar "en menos de diez días" 250.000 euros, otros 150.000 antes del verano, con cargo al Fondo especial de deudas anteriores al 2012, y los 300.000 euros antes de acabar el año.

Igualmente, se les propuso realizar un procedimiento negociado para que "entren en los presupuestos del Gobierno de Aragón". El Departamento de Sanidad ha recalcado que "estamos llegando a acuerdos de pago con todas las empresas a las que les debemos; todos están aceptando, y a más tiempo", mientras que a ellos "se les ha propuesto pagarle este año".

Atención a las mujeres

El Departamento de Sanidad ha informado de que, fruto de esta noticia, ha habido una serie de facultativos del Servicio Aragonés de Salud, pertenecientes a los grandes hospitales de la Comunidad, "que se han ofrecido para hacer este servicio, cosa que antes no pasaba".

Por eso, "ya estamos hablando con ellos para empezar a hacerlo" y organizarlo "rápidamente" y, mientras esto ocurra, quienes vayan a abortar a estas dos clínicas "tendrán que abonar lo que cuesta y solicitar el reembolso a la Administración", que también se garantiza.

Además, se han iniciado contactos con clínicas privadas acreditadas de Comunidades autónomas colindantes, para que las mujeres que no puedan ser atendidas con los propios medios del Salud, que previsiblemente serán insuficientes, puedan ser derivadas allí.

"Será más molesto", han reconocido desde el Departamento, para señalar que la Administración abonará el pago del desplazamiento y manutención. Asimismo, han aclarado que "la ley obliga a dar el derecho, pero no dice donde y otras Comunidades autónomas que ya lo derivan fuera".

Por otra parte, han indicado que siguen "abiertos a hablar" con las clínicas autorizadas aragonesas, que han rechazado la forma de pago propuesta y solicitan que se les abonen los 800.000 euros de una vez, han agregado las mismas fuentes.