UCA pide al Gobierno que "abra la mano" en el acceso a la vivienda protegida

La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) ha hecho un llamamiento al Gobierno autonómico para que "abra la mano" en la normativa que regula el acceso de los ciudadanos a la vivienda protegida, ya que aunque la burbuja inmobiliaria haya explotado, los aragoneses siguen teniendo esa necesidad.

El presidente de la UCA, José Ángel Oliván, ha presentado en una rueda de prensa el balance de 2011 de la Oficia de Información de Vivienda de Aragón, que ha recibido 1.743 consultas frente a las 1.563 del año anterior.

Ha crecido de forma significativa el número de personas que han formulado consultas relacionadas con la vivienda de alquiler, ya que en 2010 el 59 por ciento del total tenían que ver con los arrendamientos mientras que en 2011 el porcentaje ha subido al 75 %.

Las dudas de los consumidores en este aspecto se refieren, fundamentalmente, a la duración de los contratos, la repercusión de gastos por obras de conservación y mejora, la subida del IPC, la falta de pago, los procedimientos de desahucio, los contratos de renta antigua y las fianzas.

En el caso de las consultas sobre compraventa, las más habituales son por reclamaciones de defectos de construcción, baja en cooperativas de viviendas y renuncia a viviendas protegidas por falta de financiación.

Ante la situación de crisis y la constatada dificultad de muchas personas y familias para acceder a la vivienda, Oliván ha manifestado que "no tiene sentido" que las instituciones públicas no tengan una política de vivienda "adaptada a las circunstancias" actuales.

Entre sus propuestas, en esta línea, están una rebaja de los precios de la Vivienda Protegida de Aragón (VPA), tanto de compraventa como de alquiler, para adaptarlos al mercado inmobiliario en un momento en el que el precio de los pisos libres ha bajado en torno al 30 por ciento.

También convertir estas VPA en viviendas de alquiler protegido, agilizar los procesos de asignación de VPA que están libres a los solicitantes inscritos en el Toc-Toc que en estos momentos puedan realmente comprar la vivienda y que no resultaron adjudicados y, sobre todo, flexibilizar los requisitos de acceso de los solicitantes.

Muchas de las normas de acceso se pusieron en un momento de gran demanda, pero ahora son "un estorbo" para agilizar su concesión e impiden acceder a las VPA a personas que no pueden acudir al mercado de la vivienda libre.

Oliván ha dicho que la demanda de vivienda es "general" y que no se pueden hacer políticas en esta área pensando que "todo el mundo está en paro", aunque es cierto que muchos de ellos son jóvenes, colectivo que más necesidad tiene de acceder a una vivienda.

También ha reconocido que existe un problema con las entidades financieras que quieren vender los pisos obtenidos de los embargos, y que para ellos ofrecen mejores condiciones hipotecarias que para las viviendas de las que no son propietarios.