Calatayud llegará hasta el Supremo para reclamar el juzgado itinerante de lo Penal

El Ayuntamiento de Calatayud va a recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hecha pública ayer, de desestimar el recurso de alzada interpuesto por el Consistorio contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de suprimir el juzgado itinerante de lo Penal, que atiende en esta localidad los casos del partido judicial.

Desde 1990, el Juzgado de lo Penal número 8 de Zaragoza se desplaza una vez al mes a la sede bilbilitana de Justicia para celebrar los procedimientos abreviados tramitados por los juzgados de instrucción de este partido judicial. En mayo, el TSJA acordó terminar con esa itinerancia apoyándose en "el escaso número de causas" procedentes de los juzgados bilbilitanos, y también en la mejora de las comunicaciones de esta ciudad con la capital aragonesa.

Tanto los profesionales del derecho que trabajan en Calatayud como el Ayuntamiento rechazan la supresión de un servicio que acerca la Justicia al ciudadano.

Según ha comunicado ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha rechazado la petición del Consistorio porque la Sala de Gobierno del TSJA tiene competencia absoluta para dictar este acto. Su intervención solo podría darse para examinar la posible arbitrariedad del auto recurrido, situación que asegura el CGPJ no existe en el acuerdo adoptado sobre la itinerancia del Juzgado.

A través de la junta de gobierno, el Consistorio ha acordado llevar su demanda hasta el Supremo, donde interpondrá recurso contencioso administrativo contra la desestimación. Además, solicitará "que se mantenga la suspensión de la ejecutividad del acuerdo para que el juez de lo Penal de Zaragoza siga desplazándose a Calatayud", señaló el alcalde, Víctor Ruiz.

Dos opciones

Así se quiere conseguir que, hasta que el Alto Tribunal resuelva el recurso, continúen viéndose en Calatayud los procedimientos penales abreviados, tal y como se ha hecho al aceptarse las medidas cautelares solicitadas cuando se presentó el recurso de alzada.

La solución definitiva al problema planteado, sería, según se ha indicado desde el CGPJ, la creación de un Juzgado de lo Penal con sede permanente en Calatayud o acogerse a la "novedosa figura de los Jueces de Adscripción Territorial". La primera medida ya fue solicitad por la Alcaldía, "pero habría que modificar la Ley de Planta judicial, que es un trámite parlamentario. Y, sin embargo, la adscripción de un juez es decisión del TSJA, así que vamos a abrir esa vía inmediatamente", afirmó Ruiz.

De crearse un juzgado permanente o la nueva figura, se baraja que pudiera atender también los casos de los partidos judiciales de La Almunia y Daroca, de ahí que el primer edil considere "conveniente" realizar las actuaciones con el apoyo de los profesionales y las entidades locales de esas zonas. "Me gustaría ir en esta aventura con los dos partidos judiciales", indicó Ruiz. La resolución del Supremo tardará, pero se confía en que se pronuncie cuanto antes sobre las medidas cautelares que se han solicitado.