La ex alcaldesa de Tarazona, la socialista y actual diputada en Cortes Ana Cristina Vera, ha sido absuelta de los delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación de los que le acusaban la fiscalía y la Asociación para la Defensa de la Adquisición de la Vivienda (Adavi).

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón emitió ayer una sentencia absolutoria aunque en la misma se recoge un voto particular, formulado por el magistrado Luis Fernández Álvarez, que discrepa de sus compañeros Fernando Zubiri, Carmen Samanes, y entiende que la diputada sí cometió el delito y debería haber sido condenada.

Ana Cristina Vera estaba acusada de haber otorgado la licencia de primera ocupación para 22 viviendas construidas de forma ilegal en el barrio turiasonense de La Faceda y que contaban con un informe en contra del arquitecto municipal. El fiscal había pedido para ella siete años de inhabilitación para empleo o cargo público como concejal o alcalde y una pena de multa de 3.600 euros, condena que la acusación particular elevó a diez años de inhabilitación. Sin embargo, su defensa, ejercida por el abogado Jesús García Huici, solicitó la absolución que ahora ha conseguido.

El fallo del tribunal considera que existía un informe que afirmaba que las viviendas vulneraban el planeamiento urbanístico, "aunque, en puridad, no era desfavorable a la concesión de la licencia ni decía que esta fuese improcedente". Por eso, dan credibilidad a la acusada cuando afirmó en el juicio que "ningún técnico le dijo que el informe era contradictorio con lo que firmaba".

Los magistrados subrayan que la ex alcaldesa era consciente de que se habían otorgado licencias indebidamente, pues así se afirmaba en una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza. En esta se condenaba al Ayuntamiento de Tarazona a practicar una nueva liquidación de las cotas de urbanización en la que se tuviese en cuenta el aprovechamiento subjetivo real y efectivo de cada parcela. Además, en la sentencia se decía que las licencias no se ajustaban al plan parcial pues no respetaban las prescripciones de la Vivienda de Protección Oficial.

Tras este fallo judicial, los demandantes se reunieron con la acusada y le plantearon quejas por vicios de construcción en las viviendas y que les eximiera de pagos que consideraban excesivos. Posteriormente, le pidieron por escrito la apertura de expedientes para el restablecimiento de la legalidad urbanística.

Según el tribunal, ante la solicitud de los afectados la alcaldesa pidió al secretario que iniciara los expedientes y este redactó una providencia, pero no consta que esta llegara a ser firmada por la acusada.

El tribunal se plantea la cuestión de si la alcaldesa conoció o pudo fácilmente saber cuál era la actividad que debía realizar para solucionar el problema y si consciente y voluntariamente se negó a hacerlo, lo que constituiría el delito de prevaricación. Los magistrados entienden que no es así y que incluso los afectados "vinieron a reconocer, a pesar de su (muy comprensible) malestar, una disposición de la acusada a resolver los problemas que le planteaban". También dice la sala que "no era evidente para ella, con una formación de graduado social, la actuación administrativa que debía emprender".

Ana Cristina Vera se mostró ayer "muy feliz" y "satisfecha" por la sentencia y dijo que siempre tuvo "la conciencia muy tranquila" aunque matizó que los tres años que ha durado el proceso han sido "muy duros". Vera agradeció el apoyo permanente de sus compañeros del PSOE, y otras personas.