El alcalde de Sigüés declara ante el juez por pedir un crédito sin pasar por pleno

El Ayuntamiento de Sigüés, gobernado desde hace 28 años por el aragonesista Daniel Salinas, fue ayer noticia por algo muy alejado al recrecimiento del embalse de Yesa. El primer edil y el secretario, Vicente Sánchez, comparecieron en Ejea ante el juez tras la querella criminal interpuesta por una ex concejal del PP, Inmaculada Guallar, a raíz de la petición de un crédito por parte del Consistorio en un pleno que finalmente se suspendió. Salinas dijo tener la "conciencia tranquila" y fue tajante sobre el dinero: "De aquí nadie se ha llevado nada", arguyó. Fuentes de la defensa reconocieron que había un "pequeño error administrativo", pero rechazaron la falsificación en documento público.

La citación se produjo en el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad ejeana, donde ambos prestaron declaración por la mañana. Ahora, la acusación estudia pedir que declaren como testigos todos los miembros de la anterior corporación, ya que los hechos se produjeron antes de las pasadas elecciones municipales.

La demanda se basa en la supuesta celebración de un pleno en la tarde del pasado 23 de febrero, viernes. En él, el Ayuntamiento debía autorizar al equipo de gobierno a que concertase una operación de crédito por 58.000 euros, tal y como certificó el secretario en el acta plenaria.

Este dinero iría destinado a la adquisición de terrenos para que Suelo y Vivienda de Aragón levantara ahí 16 pisos de protección oficial. Al constatar que el Ayuntamiento sigüesino había cursado la solicitud del préstamo días más tarde a pesar de que la sesión finalmente se pospuso, la edil popular exigió que constara este hecho en el acta de un pleno posterior, aunque su petición no fue atendida. La suspensión se produjo porque el secretario no trabaja los viernes por la tarde y, además -según la defensa-, por el retraso en llegar a Sigüés de unos técnicos que iban a tratar asuntos de las expropiaciones por Yesa.

Tras consultar su caso con el PP provincial, Inmaculada Sánchez decidió interponer una querella criminal en los Juzgados de Ejea por falsedad en documento público, al considerar que había voluntad de vulnerar la legalidad. Hace unos días, el juez dio curso a la demanda y citó a declarar a los ahora imputados.

La defensa argumenta que la petición del crédito se llevó a efecto en el pleno celebrado un mes más tarde, el 27 de marzo. Para corregir este aparente error, se incluyeron -según informaron fuentes relacionadas con esta parte- diligencias de corrección de errores en las actas de ambas sesiones plenarias. Sin embargo, la acusación rechaza que en la reunión de marzo se votara la aprobación del préstamo.

En cualquier caso, la Alcaldía ya había solicitado semanas antes al Banco de Vasconia este dinero, que se justificó con un certificado del acta de la asamblea supuestamente celebrada en febrero.

La parte denunciante destacó ante el juez la existencia de un "acta falsificada", cuya certificación "se remitió a una entidad bancaria". Asimismo, resaltó la existencia de "muchas contradicciones", como el envío a la Delegación del Gobierno y la DPZ de las actas "sin la corrección del error". La acusación se preguntó, tras las declaración de los testigos imputados, "por qué" había "tanta prisa" en solicitar el crédito, y señaló que tenía intención de "indagar" qué había pasado "con el dinero".

"Esto no es Marbella"

Por su parte, el alcalde, que preside el Consistorio sigüesino desde 1980, prefirió no entrar a valorar la declaración testifical, aunque sí reconoció tener la "conciencia muy tranquila". "No tengo nada que esconder. Esto no es Marbella, no se ha tocado nada de dinero", recalcó. Daniel Salinas hizo hincapié en el "respaldo" que le habían otorgado los vecinos en las elecciones municipales, en las que los aragonesistas obtuvieron los cinco concejales.

Finalmente, el secretario municipal evitó hacer valoraciones.