Una familia de Boquiñeni, juzgada por contratar a inmigrantes ilegales

Un padre y su hijo, vecinos y agricultores de Boquiñeni, y un inmigrante de nacionalidad rumana fueron juzgados ayer en la Audiencia Provincial de Zaragoza acusados por la Fiscalía de un delito contra los derechos de los trabajadores. Por este motivo, el representante del ministerio público pide una condena de siete años de prisión para Juan Antonio L. L., su hijo Jesús L. A. y para el inmigrante Gheorge F.

Mientras, para María Jesús A. A., esposa y madre de los dos primeros, el fiscal solicita tres años de cárcel por un delito de atentado a la autoridad que presuntamente cometió cuando supuestamente amenazó al juez de paz de la localidad zaragozana.

Por su parte, los letrados Miguel Ángel Roy García y Miguel Quílez Esteban piden la absolución de sus clientes porque consideran que no cometieron ningún delito y han sido acusados injustamente por venganza de una persona y con mentiras.

Según el fiscal, en junio de 2005, Juan Antonio L. L. y su hijo Jesús, con la colaboración de Gheorge F., captaron inmigrantes rumanos para trabajar en su explotación agrícola. Todos ellos estaban en situación irregular y, según denunciaron en su día ante la Guardia Civil -aunque ayer no acudió ninguno para ratificar las acusaciones-, no tenían contrato, les retuvieron el pasaporte y también cantidades de dinero que oscilan entre los 450 y los 1.500 euros.

Según estas denuncias -para las que sirvió de intérprete ante la Guardia Civil una de las presuntas perjudicadas- todos llegaron a España con falsas promesas de trabajo y contrato; cobraban a tres euros la hora; vivían hacinados en un piso propiedad de los acusados y a varios les retuvieron el pasaporte.

El entonces juez de paz de Boquiñeni, Ignacio B., declaró ayer que puso estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil "tras recibir quejas de los inmigrantes, de que no cobraban y no se podían ir porque no tenían el pasaporte". Lo que no sabía era que los iban a detener "y que la cosa se iba a pasar de rosca", dijo ayer.

Ignacio B. denunció que la noche que detuvieron a Juan Antonio L. y a su hijo Jesús, la madre de este y esposa del primero se presentó en su casa y le preguntó: "¿Qué es lo que has hecho? Si mi marido pasa esta noche en la cárcel, a ver dónde la vas a pasar tú". Temiendo por su integridad, la denunció.

María Jesús A. negó ayer este extremo y dijo que fue a su casa, acompañada de su yerno, solo para preguntarle si sabía algo de su marido. "Me dijo que no sabía nada y a continuación me fui a casa del alcalde", declaró.

Por su parte, los otros tres acusados también negaron los hechos. Tanto el padre como el hijo, que ya no se dedican a la agricultura, explicaron que aquel verano tuvieron que contratar inmigrantes rumanos, pendientes de obtener documentación y permisos de trabajo, porque eran los únicos que había en la localidad.

Por ese motivo, se puso en contacto con ellos y les pidió sus documentos para remitirlos a una gestoría de Zaragoza y que tramitara los permisos de trabajo, como así se hizo con seis de ellos.

Añadieron que decidieron dar alojamiento en una vivienda de su propiedad a estos seis -tres parejas- aunque luego se metieron en la casa muchos más. Según el escrito de defensa de su abogado, Roy García, entre estas personas había varias procedentes de la calle, que habían ejercido la mendicidad y tenían problemas con la bebida. Por este motivo y porque era frecuente que surgieran conflictos entre ellos, algunos pidieron a los patrones que les guardasen el dinero. Para los acusados, el motivo de la denuncia es fruto de una venganza de una de las inmigrantes, a la que dieron dinero para abortar, pero que luego expulsaron de la casa por los conflictos que causaba. El juicio continuará el 7 de febrero.