Pasará la Semana Santa y Aragón seguirá sin presupuestos, pero prácticamente toda España llevará varios meses con sus cuentas en orden y sus gobiernos autonómicos pudiendo gastar con normalidad. El retraso en llegar a un acuerdo entre PSOE, Podemos y CHA va a convertir a Aragón en la última Comunidad en aprobar sus presupuestos, con todas las consecuencias para el día a día que esto conlleva.

De momento, ya es casi imposible que las inversiones pactadas en las negociaciones previas puedan convertirse en realidad en 2017, una vez que no quedará tiempo material para tramitar los expedientes, licitarlos y adjudicarlos. El problema se extenderá además a cuestiones como el gasto en dependencia, las ayudas a otras administraciones y el aumento del Ingreso Aragonés de Inserción si los partidos que pactaron tras las elecciones autonómicas de 2015 no son capaces de acelerar los trámites y aprobar el presupuesto antes de dos meses.

El inicio de 2017 fue complicado en todas las autonomías debido a la incertidumbre de que pudiese haber nuevas elecciones generales, pero la mayoría de las Comunidades lograron reconducir su situación en los dos primeros meses del año. En la actualidad hay once autonomías que tienen sus presupuestos ya en vigor y cuatro que están terminando su tramitación parlamentaria.

De esta manera, solo quedan dos que aún no han logrado presentar sus cuentas al Parlamento autonómico. Una es Aragón y la otra es Castilla y León. Están en la misma situación de presupuestos prorrogados, aunque por motivos opuestos. En Aragón, la disputa es entre PSOE y Podemos y se ha centrado en cuestiones como la hondura que deben tener los recortes a la educación concertada. En Castilla y León el desacuerdo es entre PP y Ciudadanos y tiene un motivo que sus habitantes parecen justificar mejor: habían pactado rebajar el tramo autonómico del IRPF y el impuesto de Sucesiones, pero no logran ponerse de acuerdo en el alcance de la rebaja fiscal.

Entre las Comunidades que tienen a sus gobiernos funcionando ya con los presupuestos de 2017 destacan Baleares, Navarra, Galicia, Valencia y Andalucía, que lograron aprobar sus cuentas incluso antes de que acabase 2016. Llama la atención además la variedad de situaciones. En el caso de Galicia, el Gobierno tiene mayoría absoluta, por lo que era evidente la facilidad para elaborar el presupuesto. Pero tanto en Navarra, como Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía, sus gobiernos dependen de pactos parlamentarios como el de Aragón y ahí los socios sí lograron cerrar un acuerdo con celeridad.

De estas autonomías, la que tenía más similitudes políticamente con Aragón era Valencia, aunque la forma en que han encarado los presupuestos de 2017 ha separado sus caminos. El esquema político que asumieron tras las elecciones autonómicas de 2015 fue idéntico: el presidente autonómico es socialista, gobierna en coalición con un partido nacionalista de izquierdas y llegó al Ejecutivo gracias al apoyo parlamentario de Podemos, que decidió quedarse fuera del gobierno. Sin embargo, mientras en Valencia los tres partidos optaron por extender con ajustes el pacto que cerraron en el verano de 2015, en Aragón los partidos se acusan de incumplimientos mutuos y optan por replantear los términos.

Junto a Baleares, Navarra, Galicia, Valencia y Andalucía, las otras autonomías que tienen sus cuentas de 2017 en vigor son Madrid, Asturias, Extremadura, Murcia, Canarias y Cantabria. En algunas de estas comunidades se ha producido cambios de socio. Por ejemplo, en Extremadura el PSOE aprobó su presupuesto de 2017 con la abstención del PP y Ciudadanos. Los socialistas aragoneses se han negado a esta posibilidad.

En una situación intermedia están País Vasco, La Rioja, Cataluña y Castilla-La Mancha. Sus gobiernos han enviado ya el proyecto de Presupuestos a sus parlamentos autonómicos, pero todavía están en tramitación parlamentaria. En cualquier caso, excepto por ciertas dudas en Cataluña con la CUP, estas comunidades dan por hecho que se aprobarán en un periodo de tiempo aceptable.

Una consecuencia positiva

El retraso de presupuestos conlleva la paralización de obras y que por ejemplo no se pueda actualizar al alza el Ingreso Aragonés de Inserción. Sin embargo, no todo es negativo, al menos desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda. El bloqueo político conlleva que la DGA esté relantizando el gasto, por lo que –por primera vez desde 2012– podría estar en condiciones de cumplir el déficit.