Aquellos primeros años de la autonomía de Aragón

El naciente autonomismo aragonés coincidió en el tiempo con el afán a nivel nacional de instaurar un sistema democrático, que se reivindicó tras la muerte del dictador Francisco Franco y durante el agónico gobierno del también franquista Carlos Arias Navarro. Con la presidencia de Adolfo Suárez en 1976, designado por el rey Juan Carlos I, se inició un proceso aperturista que tuvo en los regionalismos y en la legalización de los partidos una de las principales aspiraciones de la nueva política, además de ser un importante caballo de batalla para el Gobierno de España.

Tras las primeras elecciones generales de 1977, gracias a las cuales se formaron las Cortes, se constituyó la Asamblea de Parlamentarios de Aragón, donde se elaboró el primer proyecto de estatuto de autonomía, que fue regulado por el Gobierno Central para conformar el 9 de abril de 1978, en Calatayud, la Diputación General de Aragón. Días más tarde, el 23 de abril, más de 150.000 personas se manifestaron en un día histórico donde el pueblo aragonés solicitaba decidir sobre asuntos que les atañían de forma específica. Fue el germen de la Comunidad Autónoma tras la entrada en vigor de la Constitución Española.

Aunque la Diputación General se pronunció a favor de la máxima autonomía en Aragón, con el correspondiente acceso por la vía del artículo 151, no hubo consenso territorial y el Comité Nacional de UCD decidió que el acceso a la autonomía debía hacerse por la vía lenta del artículo 143, lo que bloqueó el proceso autonómico aragonés. Este se retomaría en la Mesa de Partidos de 1981, en la que se presentaron las bases sobre el contenido del estatuto, abriendo así el camino para la redacción definitiva del proyecto de Estatuto de Autonomía.

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El primer gobierno preautonómico estuvo liderado por la Unión de Centro Democrático (UCD) y presidido por Juan Antonio Bolea. El clima de desacuerdo era tal que, en cinco años de autonomía, la Comunidad tuvo cinco presidentes. En este contexto de inestabilidad se aprobó, el 10 de agosto de 1982, el Estatuto de Autonomía Aragonés, lo que estableció un renovado aragonesismo que se modificó en los años 1994 y 1996 hasta llegar a la reforma del año 2007, vigente en la actualidad. Un año más tarde se celebrarían las primeras elecciones autonómicas, que darían la victoria al PSOE y la presidencia histórica a Santiago Marraco, logrando 33 de los 66 diputados de las Cortes de Aragón. En estas cuatro décadas de autonomía, Aragón ha tenido siete presidentes más.

Cuestión de competencias

Desde aquellas primeras competencias que se transfirieron a Aragón en el año 1983 hasta las actuales del Ejecutivo autonómico ha habido una gran evolución, no solo desde el punto de vista de la infraestructura y el presupuesto, sino también de las prioridades de gobierno. A las áreas estratégicas de sanidad, agricultura, industria y obras públicas para la vertebración del territorio, se sumaron las de educación y cultura, economía, empleo y hacienda y una para asuntos de la Comunidad Europea. Ya en los años noventa, el medioambiente se convirtió en capital para el desarrollo autonómico y se integró en el organigrama gubernamental. Posteriormente, a principios del segundo milenio, competencias como el deporte, la ciencia y la tecnología, así como los servicios sociales fueron claves para la adopción de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía aragonesa, principal objetivo de la construcción y progreso de la autonomía. En la actualidad, la vivienda, la movilidad y el impulso de la sociedad del conocimiento completan la nómina de áreas de trabajo.

ENTREVISTA A SANTIAGO MARRACO, EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN (1983-1987)

Aránzazu Navarro

Demócrata convencido, fueron los derechos de los aragoneses lo que defendió Santiago Marraco durante el tiempo que estuvo en la primera línea de la política, movido por el firme compromiso de construir una Comunidad mejor.

Se cumplen 40 años del Estatuto de Autonomía Aragonés. Brevemente, ¿qué siente y qué le viene a la cabeza a una de las figuras históricas de esa etapa?

No miro las cosas con nostalgia, sino con mucho interés y desde un punto de vista global. Es decir, me pregunto si estamos mejor o peor y si hemos conseguido lo que queríamos. Aragón avanza de un modo sorprendente, pero la vida es más complicada que cuando tenía 40 años. Lo que de verdad me preocupa es lo que dejaremos a nuestros sucesores, no tanto el granito de arena que uno pudo poner para que la sociedad aragonesa mejorara.

Los historiadores hablan de división política en la etapa previa al estatuto, entre los años 1978 y 1982. ¿Qué cuestiones eran las que dificultaban el consenso político en un tema capital como el de la autonomía de Aragón?

El desacuerdo se produjo por cuál era la vía de acceso a la autonomía, si la del artículo 143, considerada la vía lenta, o la del 151, la rápida, de acuerdo con la Constitución. El sentimiento de ser centralista o federalista fue lo que centró el debate en ese momento.

¿Quién decidió la vía que debía seguir Aragón para avanzar en su estatuto?

Se mantuvo el temor de que la articulación del Estado fuera a ser muy difícil si todos fueramos por la vía del 151, que era la vía que pedíamos los socialistas. Desde Madrid, las instrucciones que tenía UCD eran que la vía de Aragón era la del 143. No había consenso político en el territorio y no se podía avanzar, así que se creó la Mesa de Partidos, con todos aquellos grupos que tenían representación, para sentar las bases de lo que debía contemplar nuestro estatuto. Conseguimos acordar un texto, pero no resolvimos el tema de la representación, que barajaba la opción igualitaria planteada por el UCD para las tres provincias aragonesas, y la opción del PSOE, que apostaba por la proporcionalidad en función de la población. Finalmente UCD, donde predominaba el centralismo, cedió, con la condición de que no hubiera Ley Orgánica de Transferencias Complementarias, reservada para aquellas comunidades con fuerte sentimiento identitario, y el PSOE optó por la democracia, es decir, por mantener la proporcionalidad, renunciando a una ley que hubiera mejorado el estatuto.

La crispación política, desgraciadamente, sí que está de actualidad. ¿Cree que cualquier tiempo pasado fue mejor?

Las circunstancias son muy diferentes. Antes había que construir la democracia y poner en marcha la Constitución en una sociedad no acostumbrada a las libertades. Podíamos discrepar, pero había un consenso y ganas de caminar juntos hacia el futuro. Ahora se trata de la política pura y dura, de los intereses de los partidos y de la dialéctica entre la izquierda y la derecha, que en este momento es irreconciliable. Hace poco se ha producido un acuerdo sorprendente entre la patronal y los sindicatos, al que no le hemos dado la importancia que tiene, pero que es el camino que debemos retomar. La deslegitimización de los que no tienen mayoría absoluta para gobiernar es antidemócrata en mi opinión.

En 1983 se celebraron las primeras elecciones autonómicas, que le convirtieron en presidente de Aragón. ¿Cuáles fueron las prioridades que se marcó su Gobierno?

Lo primero fue negociar la transferencia de competencias y valorar qué parte de lo que gestionaba un ministerio iba a depender de la Comunidad Autonóma, qué coste tendría y qué participación debería tener en los presupuestos. Tuve que buscar especialistas de aquellas áreas que nos interesaba recibir rápidamente. Eso supuso una reflexión interesante, porque no podíamos manejar de golpe todas las transferencias que incluía el estatuto. Analizamos cuáles eran los problemas más graves de Aragón y decidimos empezar por ahí. Por la agricultura, debido al asunto de los regadíos; por el tema de las carreteras y el transporte; por la industria, con muchas pymes en crisis y la llegada de General Motors; y por la sanidad, para establecer un modelo que llegara a los pueblos aragoneses.

Teniendo en cuenta cómo estaban las cosas hace 40 años y cómo están ahora, ¿qué progresos le hacen sentirse más orgulloso de ser aragonés?

Creo que el sentimiento de pertenecer a una tierra, de compartir una lengua, una cultura y una historia. Esto es lo que hace sentirse arropado en el camino como sociedad, no es un motivo para querer tener más derechos que nadie. Eso es confundirse.

¿Qué asuntos considera que tiene pendientes la Comunidad?, ¿equilibrio territorial, financiación, autogobierno...?

Debemos conseguir lo mejor para los ciudadanos y, para eso, los acuerdos deberían tardar menos tiempo en producirse. Ha costado 30 años llegar a un consenso sobre el modelo hidráulico de Aragón. Lo planteé yo al final de mi mandato y le siguieron muchos años de debate vacío, porque cuando algo se convierte en objetivo político es muy difícil sacarlo adelante, ya que todos se quieren apuntar el tanto. Pasa lo mismo con la financiación, si eres demócrata, habrá que luchar por lo que corresponde de la tarta, no pedir más para dejar a otros sin su parte. Creo que el gran éxito de las autonomías no es su capacidad para proyectar grandes obras, sino para resolver los pequeños problemas que tienen los ciudadanos, lo que tendrá un gran impacto en el avance de la sociedad.