La celebración del patrón del Colegio de Abogados de Zaragoza, San Ivo, es buen momento para reflexionar sobre la situación de la Justicia y más en estos momentos en el que se han venido encadenando paros y huelgas desde el mes de enero por parte de diversos grupos de funcionarios de la Administración de Justicia.

En enero se inició el conflicto por las reivindicaciones de los letrados de la administración de justicia, antes denominados secretarios judiciales. Durante el mismo, que se prolongó dos meses, el resto de los funcionarios de las oficinas judiciales anunciaron acciones que se concretaron igualmente en paros y jornadas de huelga. Añádase a lo anterior el anuncio del conflicto por parte de jueces y fiscales. En definitiva, entre las actuaciones de unos y otros y la falta de respuesta eficaz de la Administración, la Justicia lleva varios meses sin dar un mínimo servicio adecuando a las necesidades de los ciudadanos.

La Administración General del Estado, y las Comunidades Autónomas que cuentan con las transferencias en materia de Justicia, no pueden desconocer los problemas que han de gestionar, ni desoír las demandas que se le plantean. El buen gobierno se evidenciará cuando, a través de argumentos, datos y conversaciones, se mantengan los servicios públicos en el difícil equilibrio entre la eficacia del sistema y la razonable satisfacción de los servidores públicos -e incluso privados, como los abogados-.

Parece un lugar común decir que la Justicia va mal, pero en lo que va de año podemos añadir que la Justicia va peor, mucho peor. El derecho constitucional a la tutela judicial efectiva está saltando por los aires, y los efectos de esta situación se prolongará mucho más allá de la finalización de estos conflictos.

Una Administración de Justicia eficaz, además de resolver los problemas concretos de los ciudadanos, genera paz social, pues crea la confianza en éstos de resolver sus controversias de forma civilizada en el seno de un proceso judicial. Si la Justicia no es eficiente provocará no solo la búsqueda de otras soluciones -algunas de ellas que llegan a ser ilegales- sino aumentar y agudizar entre la gente los conflictos ya existes.

Pensemos en los problemas derivados las relaciones familiares -procesos de separación, guarda y custodia de hijos o pensiones, por ejemplo-, que se han ido demorando más allá del retraso habitual, ya insoportable, y que no parecen tener fecha para su resolución. ¿Qué estará ocurriendo en esas familias?, ¿cómo podrá mantenerse una pareja que se encuentra en una situación de disolución conyugal, con hijos y con necesidad de regulación económica?, ¿no se está aumentando la situación de conflicto preexistente?

O pensemos en los casos en los que un trabajador está pendiente de resolver su despido, o la consecución de determinadas prestaciones, o de indemnizaciones por cualquier origen. ¿Cuánto más ha de esperar?, ¿cómo podrá mantenerse hasta entonces?

Podemos poner una infinidad de ejemplos en los que los problemas de la Justicia generan una tragedia personal, familiar o económica, y que se ha exacerbado por la parálisis que estamos sufriendo.

No hay objeción alguna al ejercicio de un derecho legal de reivindicación de mejoras salariales, y de otro tipo, por parte de componentes de la función pública. Pero como bien sabemos no hay derechos absolutos, y en cualquier situación de conflicto hay que ponderar los derechos en juego de unos y otros. Y parece evidente que en los últimos meses ese equilibrio ha jugado muy desfavorablemente hacia quienes, a través de sus impuestos, soportan la maquinaria de la Administración: los ciudadanos.

Estas huelgas responden a una dilatada situación de desidia e inacción por parte de los poderes públicos. Los ciudadanos son los principales perjudicados, pero también lo son los profesionales que se dedican a su defensa, desde los abogados y procuradores hasta los peritos que intervienen en los procesos judiciales.

Desde la Abogacía española se viene reclamando desde hace años un Pacto de Estado por la Justicia, pues ésta es una cuestión de Estado. Se hace preciso un acuerdo entre las fuerzas políticas e instituciones para evitar no solo la penosa imagen que dentro y fuera de nuestro país se está dando, sino para conseguir la necesaria estabilidad y eficacia de nuestro sistema judicial.

La Abogacía de esta ciudad, que en 2024 celebrará el 625º Aniversario de su existencia como organización, desde la legitimidad que le concede la tradición, hace un llamamiento para que, con generosidad y compromiso, se alcance este acuerdo tan necesario.

Sin Justicia no hay democracia y no hay libertad.

Antonio Morán Durán

Decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza