Aunque la Constitución dicta que “los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”, en la práctica sigue mandando la disciplina de voto que marcan los partidos. Rara vez se quiebra esta norma, aunque sí ocurre en cuestiones de conciencia o territoriales. La decisión de Javier Lambán de no apoyar este martes la ley de amnistía en el Senado solo añade un capítulo más al listado de representantes ‘rebeldes’ en Madrid.

Los ejemplos son múltiples. En 2011, dos diputados aragoneses del PP, Santiago Lanzuela y Ángel Pintado, se desmarcaron de su grupo y votaron en contra de una iniciativa pactada entre PSOE y CIU para impulsar el Corredor Mediterráneo. Los representantes de la Comunidad mostraron así su rechazo a un proyecto que iba en contra de los intereses de la Travesía Central del Pirineo.

En 2016, los cuatro diputados aragoneses del PSOE en el Congreso (Susana Sumelzo, Ignacio Urquizu, Óscar Galeano y Gonzalo Palacín) también desoyeron a su partido y rechazaron un plan del Ebro impulsado por ERC que asignaba más agua a Cataluña. En aquella ocasión, la ruptura de la unidad se tradujo en la apertura de un expediente disciplinario y una sanción de 600 euros por diputado.

Ese mismo año, la propia Sumelzo fue una de los quince diputados que se opusieron a la investidura de Mariano Rajoy que había ordenado Ferraz, y que se tradujo en el cisma interno en las filas socialistas, con el actual presidente, Pedro Sánchez, como protagonista.

En la carta remitida por Lambán al portavoz de su grupo en el Senado, Juan Espadas, el dirigente aragonés recuerda que “no es la primera vez que se altera la unanimidad del voto socialista en relación con la cuestión catalana; ya lo hicieron hace algunos años los diputados del PSC en relación con el ‘derecho a decidir’ con el ‘procés’ ya en marcha”.

En aquella ocasión, el Congreso aprobó una moción de UPyD con el apoyo del PP y del PSOE que advertía de que el "derecho a decidir" es de todo el pueblo español y no solo de una parte de él. El PSC se abstuvo.

Consecuencias

Fuentes del grupo parlamentario socialista en el Senado explican que se va a abrir un procedimiento interno para analizar lo ocurrido y que en los próximos días se tomará una decisión al respecto. Como se ha citado anteriormente, ante situaciones similares el partido ha optado por expedientar a los implicados e imponer un sanción económica de 600 euros.