La causa civil por el incendio de la Flying afronta su recta final

El juez de primera instancia encargado de la causa civil interpuesta por las familias de 37 de las 43 víctimas del incendio de la discoteca Flying de Zaragoza, ocurrido en enero de 1990, se ha dirigido a las partes implicadas para solicitar sus conclusiones antes de dictar sentencia.

Así lo han asegurado fuentes judiciales, que han expresado su satisfacción ante la próxima finalización de un larguísimo proceso judicial para el resarcimiento de los familiares de las víctimas, que se ha prolongado durante veinte años.

En esta causa civil, que aún podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo, los demandantes reclaman del propietario de la Flying, Faustino Martínez, así como del Gobierno aragonés y del Ayuntamiento de Zaragoza el pago solidario de indemnizaciones de 60.000 euros por cada una de las víctimas y de 240.000 para uno de los afectados por graves lesiones.

Los representantes legales de los afectados suman a estas cantidades los intereses de demora acumulados desde que se produjo la condena por vía penal de Faustino Martínez, por lo que el importe podría incrementarse en un sesenta por ciento.

La vía civil se vio paralizada a raíz del proceso contencioso interpuesto en 1997 por las familias de seis de las víctimas del incendio, al solicitar a las dos administraciones citadas el pago de indemnizaciones por 1,2 millones de euros como responsables civiles subsidiarias.

En una última instancia, la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo rechazó, en octubre de 2002, las pretensiones de estas familias de buscar un "nexo causal" entre la avería en el sistema eléctrico que causó el incendio y la ausencia de revisiones de seguridad tanto del Ejecutivo aragonés como del Consistorio zaragozano.

Un año antes, la Audiencia de Zaragoza acordó suspender el proceso civil planteado por el resto de las familias en un auto en el que calificaba de "inaceptables" sus pretensiones de optar por esta vía contra el propietario de la Flying y las dos administraciones.

Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó en 2002 la decisión del tribunal zaragozano y ordenó reanudar la causa civil, estimando como válidos los argumentos de los abogados de los familiares de las víctimas a favor de solicitar responsabilidades tanto de las dos administraciones como de Faustino Martínez.

Las fuentes han explicado que, tras una demora que se ha dilatado durante años a causa de las distintas vías y recursos planteados, el juzgado zaragozano podría dictar sentencia en las próximas semanas, aunque se podría recurrir ante el Supremo.

Han añadido que los argumentos de la sentencia condenatoria dictada en 1993 por vía penal tienen una "clara relevancia" en el caso del propietario de la discoteca, al estar ya condenado en vía civil por estos hechos.

En el caso de las dos administraciones implicadas, las fuentes han considerado "difícil" establecer posibles responsabilidades, ya que el propio Tribunal Supremo, en la resolución que rechazó el recurso de las seis familias que optaron por el contencioso, descartó esta posibilidad.

En esta resolución, la sala de lo contencioso del Supremo apreciaba que "no es posible establecer relación de causalidad alguna entre las omisiones en que hubieran podido incurrir ambas administraciones demandadas y los efectos trágicos y devastadores del fuego".