Denuncian que la DPZ lleva 10 años incumpliendo la ley de Seguridad

En las sedes de la Diputación Provincial de Zaragoza “existen vigilantes sin la preparación ni los permisos adecuados” y un sistema de videovigilancia “controlado por personas que no han sido habilitadas para esa función”.

Lo indica un informe la Secretaría Sectorial de Seguridad de UGT, desde donde también aseguran que el problema se comunicó en su día a la anterior administración. “Nos reunimos con el que era subdelegado del Gobierno en Aragón, Juan José Rubio, para informarle sobre lo que estaba ocurriendo. Se comprometieron a hablar con Javier Lambán y regularizar la situación, pero aún continúa igual”, afirma uno de los encargados de realizar el informe, Antonio López Rueda.

Él asegura que no se ha denunciado la situación “a la espera de que todo se solucione de buena forma”, como sucedió con la Universidad de Zaragoza. “Ellos tenían un funcionario que realizaba tareas de seguridad para las que no estaba preparado y decidieron cambiarlo a otro puesto, y contratar personal calificado”, cuenta López Rueda.

Desde la DPZ afirman que llevan un par de meses desarrollando los pliegos de la oferta pública con la que se pretende contratar a nuevo personal para tareas de seguridad.

Varios empresarios de ese sector aseguran tener conocimiento de algunas gestiones que ya están en proceso para que la vigilancia pase a una empresa privada, aunque todavía no hay nada concreto. “Hace una década que no se publica una oferta en ese sentido”, afirma López Rueda.

Advertencia del Ministerio

En el año 2000, la Policía Nacional presentó un informe en el que denunciaba varias de estas irregularidades, como la falta de personal calificado para administrar el Circuito Cerrado de Televisión. Desde el Ministerio del Interior, indican que esa es una función “realizable únicamente por una empresa autorizada, inscrita en el correspondiente Registro de Empresas de Seguridad”.

De momento, las únicas compañías que cumplen esa condición y que trabajan con la DPZ son Securitas y Grupo Segur, que se encarga de la sede en Plaza España. El director de operaciones de esta última empresa, Eduardo Gutiérrez, asegura que ellos no tienen constancia de lo que está ocurriendo: “Nosotros tenemos 2 vigilantes, uno en el control de acceso en plaza de España y otro en la calle de Cinco de Marzo. Todos habilitados legalmente y con sus papeles en regla. De lo que pasa de puertas para adentro sabemos bien poco”.

La ley es clara en ese sentido e indica -en su artículo 1- que solo estas empresas pueden ofrecer servicios de seguridad, porque sus empleados deben superar una serie amplia de condiciones.

Fuentes cercanas a los trabajadores de la DPZ afirman además que “en el cuarto de seguridad, a la derecha de la entrada principal del edificio de Plaza España, existe un armero en el que hay unas tres armas”, que tienen “licencia para uso personal”, pero “que se utilizan para protección de terceros", y "eso es ilegal”, explica el responsable de la Secretaría de Seguridad Privada de UGT.

Según precisan algunas personas que han trabajado en ese edificio, ese armero se utiliza poco y siempre para que las personas que ingresen al lugar, “no porten sus armas dentro de las oficinas”.