RECONOCIÓ LOS HECHOS
El intendente que se descargó pornografía infantil vuelve a incorporarse a la Policía Local
El mando reconoció los hechos, fue condenado a una multa de 7.200 ¿ y está a la espera de que se resuelva el expediente interno. La Guardia Civil le detuvo el 27 de noviembre de 2007 en una operación nacional y había estado suspendido desde entonces.
Tras casi tres años retirado del servicio, el intendente principal de la Policía Local de Zaragoza detenido por descargarse pornografía infantil ha vuelto a incorporarse a la plantilla. Lo hizo el pasado 2 de agosto, tras una sentencia de conformidad que le condena al pago de una multa de 7.200 euros. Ahora, está pendiente de resolución el expediente administrativo que instruye Régimen Interior, y que podría volver a apartarle del cargo.
El arresto del oficial -cuarto en la escala de mando de la Policía Local- se produjo el 27 de noviembre de 2007, en el marco de una operación de ámbito nacional en la que fueron detenidas otras 38 personas. El funcionario estaba de vacaciones cuando se enteró de que le buscaba la Guardia Civil, por lo que decidió presentarse voluntariamente._Hasta entonces, su trayectoria profesional no había tenido tachas, e incluso le había sido concedida la medalla de oro al mérito profesional en 2005.
Durante el registro de su vivienda y su ordenador, los investigadores pudieron requisar varios archivos con pornografía infantil descargados de internet. Dos días después, los agentes también registraron el despacho del intendente en el cuartel de Domingo Miral, pero allí no encontraron ningún material.
Tras prestar declaración por estos hechos ante el juez, José Antonio E. quedó en libertad con cargos. Pero al verse implicado en un asunto penal, Régimen Interior decidió abrirle un expediente y retirarle provisionalmente de sus funciones.
Ha reconocido los hechos
El juicio contra el alto mando tenía que haberse celebrado a finales del pasado mes de junio, pero un acuerdo entre la defensa y la fiscalía y el reconocimiento de los hechos por parte del acusado propició una sentencia de conformidad. El letrado que representa al funcionario, Enrique Trebolle, se ha apoyado en una sentencia del Tribunal Supremo para evitar que se condenara a su cliente por el tipo agravado. De acuerdo con este fallo, solo cabe imponer penas de prisión cuando el imputado tiene un contacto directo con los menores que aparecen en las fotografías o grabaciones._Cuando se trata de una descarga puntual de material pornográfico infantil para un uso particular, como parece ser el caso, se castiga solo con multa.
Según ha podido saber este periódico, el oficial ha sido condenado finalmente a 720 días de multa, a razón de 10 euros diarios. Aunque la resolución judicial le ha permitido volver a ejercer ahora como intendente principal, el expediente administrativo sigue adelante. Y como lo que se investiga es una falta grave, el alto mando podría ser retirado de nuevo del servicio por al menos otros tres meses.
Además del funcionario de la Policía Local, en la operación contra la pornografía infantil que dirigía un juzgado de Ciudad Real fue arrestado también un médico psiquiatra vinculado con la Universidad de Zaragoza. Se trata de P. S. M., de 47 años, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte en el campus de Huesca. El especialista, que quedó en libertad con cargos hace tres años, fue juzgado hace un año y condenado también a una multa.
El arresto del intendente principal y del psiquiatra se sumó al de otras 37 personas en distintas provincias españolas: Alicante Almería, Baleares, Barcelona, Cantabria, Madrid, Málaga, Orense, Oviedo, Sevilla, Tarragona, Valencia y Valladolid. Las detenciones fueron la culminación de dos operaciones simultáneas denominadas Andre y LSM, iniciadas un año atrás por la Guardia Civil de Ciudad Real.
Las pesquisas de los agentes permitieron intervenir más de 20.000 imágenes y vídeos de contenido pedófilo. Algunos de los detenidos compartían este material a través de archivos P2P (Peer to Peer). La intervención se abrió a raíz de las denuncias de dos ciudadanos que alertaron de que al descargar unos programas por internet descubrieron que ocultaban pornografía infantil .
Durante la operación, en la que participaron cien guardias civiles, se practicaron 37 registros domiciliarios en 18 provincias, bajo la supervisión y dirección de los juzgados de instrucción número 2 de Ciudad Real y el número 1 de Villanueva de los Infantes.
Según las mismas fuentes, internautas utilizaban palabras clave y lenguajes convenidos bajo los cuales ocultaban sus archivos de contenido pedófilo al objeto de compartirlos y pasar inadvertidos en la red.
