Denuncian el deterioro del palacio de los Argillo de Saviñán

Apudepa insiste en la necesidad de actuar para evitar el progresivo deterioro del palacio de los Argillo de Saviñán. La entidad para la defensa del patrimonio aragonés reclama que se redacte un informe en el que se determinen las intervenciones que habría que ejecutar de forma urgente y prioritaria en las estructuras de este inmueble y ordene a los dueños las reparaciones necesarias para evitar el derrumbe.

La presidenta de Apudepa, Belén Boloqui, considera que "la situación es grave" porque la propiedad, la familia Olazábal, no ha cumplido con su obligación de mantener el edificio e insiste en que, como Bien Inventariado que es desde 2007, las administraciones tienen un "deber de conservación".

El pasado sábado miembros de Apudepa acudían a Saviñán para conocer 'in situ' el estado del palacio, que desde hace 15 años está apuntalado con un sistema de andamios en la fachada, cubierta también con una lona. En 2006, Patrimonio inició el proceso para incluir el inmueble en el Inventario Cultural Aragonés, con el fin de impedir que fuera derribado como pretendían sus propietarios. Estos presentaron un recurso contencioso administrativo contra esa orden de protección, pero en junio del año pasado fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Los dueños del palacio recurrieron entonces por casación ante el Supremo.

Desde la DGA se ha instado a los dueños a que ejecuten obras de consolidación y, ante el avance de la ruina, Patrimonio comunicó que obligará a la propiedad a su conservación, o que actuará subsidiariamente en caso de que los dueños no interviniesen. Apudepa considera que la DGA no puede eximirse y delegar en el Ayuntamiento, y recomienda además al Consistorio que insista ante la DGA y la DPZ para "conocer la situación real del palacio", a través de la elaboración de un informe sobre las estructuras. La presidenta de Apude recuerda además que siguen luchando para que el palacio de los Argillo pase a ser un Bien de Interés Cultural, lo que conllevaría una mayor protección y facilitaría la posibilidad de estudiar su expropiación "ante una desobediencia de semejante calibre".