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Urbanismo

Blasco hablará con los vecinos de Pomecia para atajar la alarma creada por la orden de derribo

La propietaria del suelo del asentamiento gitano urge una reunión con las administraciones para buscar soluciones.

Luis Rajadel. Teruel Actualizada 25/01/2012 a las 02:30
4 Comentarios
El asentamiento de Pomecia, surgido hace medio siglo, aglutina a la población gitana de la ciudad.B/A. GARCíA

El alcalde de Teruel, Manuel Blasco, se comprometió ayer a reunirse con los vecinos del asentamiento gitano de Pomecia en un intentó de desactivar la alarma social generada por la oleada de órdenes de derribo remitidas por la Gerencia de Urbanimo el pasado mes de diciembre. La comunicación de la demolición afecta a 31 construcciones levantadas sin licencia fuera de suelo urbano y sin autorización de la propietaria.


Manuel Blasco realizó su anuncio tras una reunión mantenida con el presidente de la asociación de vecinos de Pomecia, José Gabarre. El alcalde consideró que se han producido "malentendidos" que han crispado el ambiente y reiteró su postura de que no se procederá a ninguna demolición de viviendas hasta que no esté resuelta la reubicación de sus ocupantes. Exigió, no obstante, la paralización de cualquier nueva construcción. Añadió que apelará al Plan de Vivienda Social de Aragón 2012-2015 para buscar una alternativa residencial para la población del barrio gitano, donde viviendas dignas se mezclan con infraviviendas. Blasco dijo que los contactos con el Gobierno aragonés se mantienen desde hace varios meses.

La principal propietaria del suelo de Pomecia, Isabel Gorbe, consideró que el Plan de Vivienda Social "viene como anillo al dedo" para resolver la ocupación ilegal derivada del asentamiento. Añadió que también pueden ayudar a financiar la operación las plusvalías derivadas de la venta del suelo de la Fundación Ollerías Siglo XXI, a la que la propia Gobre cedió parte de los terrenos sobre los que se asienta Pomecia. La entidad sin ánimo de lucro tiene, entre sus finalidades, la solución de la problemática derivada del poblado gitano.

Isabel Gorbe planteó al director general de Vivienda, Rogelio Silva, en una reciente reunión que Pomecia sea objeto de un "proyecto piloto" del Plan de Vivienda. Reclamó una urgente reunión con el Consistorio y la DGA para tratar este asunto porque, a su juicio, "el Ayuntamiento no puede esconderse más y debe afrontar la situación". Afirmó que tanto el consejero de Obras Publicas, Rafael Fernández de Alarcón, como Rogelio Silva son buenos conocedores de la situación.

Isabel Gorbe se mostró muy crítica con la actitud municipal. Afirmó que desde hace 19 años denuncia las ocupaciones de suelo sin éxito. Además, considera que el propio Ayuntamiento ha contribuido con su labor a estimular el crecimiento del poblado al dotarlo de algunas infraestructuras a veces ocupando terrenos de la propia Gorbe sin haberlos adquirido ni expropiado. Denunció que las obras municipales han invadido así más de 4.000 metros cuadrados de su titularidad.

Recurso contra el derribo

Los afectados por las órdenes de derribo han presentado alegaciones en contra que todavía no han sido resueltas por el Ayuntamiento. El arquitecto autor de los recursos, Lucas Cañada, explica en su argumentación que 14 de las 31 edificaciones con orden de demolición estaban construidas hace más de 15 años, 9 lo estaban parcialmente y el resto no existían. Según la legislación, los derribos de obras sin licencia solo pueden ordenarse para edificios con menos de diez años, salvo que ocupen suelos especialmente protegidos o destinados a zonas verdes o calles. El recurso considera que esta circunstancia no se da en ningún caso, en contra del criterio de la Gerencia de Urbanismo.

De acuerdo con el argumento de los recurrentes, se han producido errores de bulto al sostener que las viviendas se levantan sobre suelo destinado a espacios verdes, espacios libres públicos o no urbanizables. Sostienen, por el contrario, que se encuentran, según los casos, en suelo urbano no consolidado y urbanizable.

Lucas Cañada criticó que el Ayuntamiento ni siquiera haya respondido a la petición formulada por los vecinos para que concrete el plazo fijado para las demoliciones, porque el decreto de la Gerencia de Urbanismo se limita a decir que se realizarán de forma "inmediata".



  • aragonés21/01/12 00:00
    El mayor culpable el ayuntamiento¿no ha visto las edificaciones?si llevan sus buenas cimentaciones y pilares de hormigon,esos no construian para marchar,donde esta el desague,la ton¡ma electrica,o es el sistema de siempre ir robando todo,hora es que seamos todos iguales,lo que pasa es que copian de ,o que ven y si los que mandan lo hacen ellos tambien
  • araboga20/01/12 00:00
    No entiendo porqué tanto alboroto: Si yo construyo mi casa sin licencia y me pillan, me la tiran, no? Pues a ellos lo mismo. Están en unos terrenos de los que no son titulares, todas las construcciones carecen de licencia, dudo mucho que paguen impuestos de ningún tipo (me he criado en ese barrio y sé de lo que hablo). Habrá que terminar de una vez con esa discriminación positiva (por no llamarlo "jeta")
  • Lola20/01/12 00:00
    El suelo tiene un propietario que no es quien ha edificado ilegalmente. Estos "señores" deberían: comprar el suelo, hacer las escrituras, registrarlo, hacer un plan de urbanización, que se lo aprueben, ejecutarlo, dar al ayto su 10%, dotar de servicios la zona (luz, desagües, pluviales, alumbrado público, tf, aceras, ...) pagar IBI, impuesto de construcciones, darse de alta de agua, luz, basuras ... , hacer escritura pública de la construcción, registrar la construcción ... Todo esto cuesta dinero. Muchos lo hemos pagado y encima vamos a pagar impuestos para "regalarles a estos señores una vivienda". VALE DE ABUSAR.
  • aileen20/01/12 00:00
    Pero es que el que construye en terreno ajeno, ya sabe a qué se expone





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